El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, promovió un amparo contra la resolución que dictó un juez de control que en diciembre pasado frustró sus intenciones de recobrar su libertad en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht.
La demanda ingresó al juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, pero la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña no lo ha admitido a trámite.
Lo anterior, porque existe un juicio similar en el juzgado Séptimo de Distrito en la citada materia, por lo que solicitó a dicho juzgado que haga posible la vinculación del nuevo juicio.
En su demanda, Emilio Lozoya reclama la resolución del 15 de diciembre de 2023, fecha en que se llevó a cabo una audiencia donde solicitó el cambio de la prisión preventiva justifica que le fue impuesta.
En diciembre, José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, rechazó modificar la medida cautelar. Durante la audiencia Emilio Lozoya dijo al juez que lo han mantenido en la cárcel con “pruebas prohibidas”, además de que algunas declaraciones en su contra se obtuvieron mediante presiones.
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Asimismo, argumentó que llevaba más de dos años preso sin recibir sentencia. El juez de enjuiciamiento, Gustavo Aquiles Villaseñor, se encontraba de vacaciones el día de la audiencia, por lo que Rivas González decretó varios recesos para conocer a fondo el caso.
Sin embargo, después de 12 horas de audiencia, el juez determinó mantener en prisión al ex director de Pemex, tras considerar que el ex funcionario aún no cumple dos años en prisión, ya que se perdió la continuidad del proceso durante el criterio de oportunidad que solicitó.
Como parte de este caso, en septiembre pasado la Fiscalía General de la República (FGR) calificó de ilegal la resolución de un Tribunal Federal que confirmó que debe desecharse toda la información bancaria aportada por Brasil y Suiza, y que pretendía usar ante un eventual juicio oral contra Emilio Lozoya Austin en el caso Odebrecht.
La institución aseguró que los jueces de Distrito y magistrados federales han vuelto a evidenciar “notoriamente su parcialidad e ilegalidad” a favor del ex funcionario. Lo anterior, añadió la dependencia, va en contra de las víctimas que, son el Estado mexicano y Pemex.
Aseguró que las pruebas fueron obtenidas con base en dos tratados internacionales que cuentan con nivel constitucional artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto como legales.
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