Carpetas de investigación con nombres expuestos de las denunciantes, víctimas sin revisión médica, indígenas que no tienen acceso a un traductor y menores de edad que acusan sin asesores jurídicos o adultos, son algunas de las violaciones al debido proceso al que se enfrentan las mujeres víctimas de ultrajes en Ciudad de México.
Un estudio hecho por los abogados Patricia Olamendi y Jorge Guillén a 60 carpetas de investigación por el delito de violación, iniciadas en las agencias especializadas en Violencia Sexual y en oficinas no especializadas, entre junio y octubre de 2018, señala las irregularidades que ejercen los Ministerios Públicos al recibir una denuncia.
Sobre la privacidad de las víctimas, el informe señala que los nombres de las denunciantes en las carpetas de investigación están a la vista o “simplemente están las hojas dobladas con una leyenda de “confidencial” o “identificaciones”, las cuales pueden ser vistas con solo desdoblarlas”.
Acerca de las garantías para que la víctima ejerza su derecho a comunicarse inmediatamente con un familiar después de un delito, previsto en el artículo 109 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, Olamendi y Guillén encontraron que en ninguna de las carpetas se especifica si las víctimas están acompañadas por un consanguíneo, incluso a menores de edad.
Se identificaron casos en que las víctimas no hablan español y, sin embargo, en las denuncias no se especifica si hay intérpretes.
Respecto a la atención médica, los especialistas hallaron que los Ministerios Públicos no priorizan la atención de las víctimas de manera urgente y solo emiten un dictamen para realizar estudios en las siguientes 24 horas.
Sobre la reparación del daño, los investigadores encontraron que en todas las carpetas que estudiaron el único mecanismo que hay es por sesiones psicológicas.
En la revisión de las carpetas también se observó “con preocupación” que tanto en agencias especializadas como en las que no lo son, aun cuando la víctima relata una violación, el MP registra la carpeta como “denuncia de hechos”.
Posteriormente a los dictámenes periciales de medicina y psicología se realiza una clasificación del ilícito y se asigna el delito de violación; sin embargo, en la caratula–portada sigue apareciendo “Denuncia de hechos”.
Se identificó que si bien la especialización de las fiscalías permite un mejor y mayor acceso a la justicia, también ha provocado que cuando se denuncia un delito diverso, por ejemplo violación o violencia familiar, se realiza un desglose o división de la investigación, por lo que el delito y los hechos son investigados por dos agencias diferentes.
RLO