La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó la suspensión que impedía a la Fiscalía General de Chihuahua investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto y a todo su gabinete, por lo que ahora podrá indagarlo y en su caso proceder, siempre y cuando no se trate de delitos del orden federal.
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El gobernador de Chihuahua acusó al gobierno federal de la administración pasada por presupuestamente permitir la liberación del ex consejero del PRI, Alejandro Gutiérrez.
La Consejería Jurídica de Chihuahua informó que el presidente Enrique Peña Nieto e integrantes de su gabinete presentaron una controversia constitucional ante la SCJN en contra de las acusaciones del gobierno de Javier Corral.
En noviembre de 2018 ante las advertencias del gobernador de Chihuahua, Javier Corral de que llevaría a Peña Nieto a la cárcel una vez que termine su mandato, el titular del Ejecutivo Federal presentó la controversia antes de terminar su mandato para protegerse de cualquier acto futuro.
Con la controversia también se busca proteger a Peña Nieto de cualquier intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que hagan referencia de actuales o anteriores funcionarios federales.
Por unanimidad, la Sala avaló el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, donde se deja claro que el ex presidente Peña y su ex gabinete sí pueden ser sujetos de investigación, pero no puede proceder ministerialmente en ilícito del orden federal, o en ejercicio de sus funciones como titular del Ejecutivo Federal.
La Sala analizó un recurso de reclamación presentado por la Fiscalía de Chihuahua, donde reclamó la suspensión otorgada por el ministro Eduardo Medina Mora, al ex presidente y a sus ex colaboradores, el 29 de octubre de 2018, luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó una controversia constitucional para protegerse de cualquier acción legal en su contra.
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La controversia que promovió Peña es la primera en su tipo que admite en el máximo tribunal de justicia de la nación.
En el recurso presentado por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, se pidió la protección contra las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relaciones a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relaciones directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones, así como órdenes de aprehensión.
El ministro Medina Mora señaló en su resolución, que siguiendo los precedentes de la Corte en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, y de debe determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.