La mujer encaró a la fiscal para desaparecidos de Jalisco:
—Le dije: “Ya ni chingan, ni siquiera merecía una urna, las metieron en una bolsita de plástico”…
Eso le espetó Guadalupe Aguilar, directora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej). Y es que así han entregado y han intentado entregar cenizas de cuerpos anónimos aquí, en Jalisco: en bolsas de plástico. Eran cenizas que nadie sabía a quién pertenecían. Vaya, los familiares de las víctimas ni siquiera tenían certeza de si eran cenizas humanas.
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¿Qué sucedió? Que además de apilar cuerpos en tráileres, autoridades de Jalisco incineraron y almacenaron en cajas de cartón y estantes de oficina más de mil restos de personas sin identificar entre 2006 y 2018. Luego, por la saturación, incineraron al menos mil 500 restos.
En 2015, a la madre de Francisco Hernández le entregaron una de esas bolsas de plástico con cenizas.
“La señora cogió la bolsita, se la puso en el corazón y se agarró llore y llore, y me dice: ‘Es que yo lo quería ver aunque sea sus dientitos’”, cuenta Guadalupe Aguilar, quien atestiguó la entrega.
A la familia de Francisco, desaparecido desde 2010, no le entregaron documentos que certificaran la hora de muerte, el lugar, y menos la razón del porqué lo habían incinerado y almacenado en el Servicio Médico Forense. No había pruebas que certificaran que las cenizas eran… de Francisco.
Unas semanas después, la Fiscalía estatal repitió la operación y se puso en contacto con Ana Enamorado, una mujer de origen hondureño que busca a su hijo Antonio López.
—El agente del MP me dijo que habían encontrado un cuerpo en un puente peatonal y que se había ahorcado con un cinturón… —relata Ana. Fue entonces cuando les dije: “Bueno, ¿dónde está el cuerpo?, quiero verlo”, y me dijeron que el cuerpo estaba incinerado.
Ana no aceptó llevar consigo las cenizas: el expediente no contaba con pruebas criminalísticas suficientes y el cuerpo tampoco había tenido perfil genético.
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El año pasado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo solicitó al gobierno de Jalisco información sobre el número de personas incineradas antes y después de la entrada en vigor de la Ley General de Victimas en 2013, cuando se prohibió esta práctica para los Servicios Médicos Forenses del país. La información que proporcionó el gobierno estatal a esa institución y a solicitudes de información de MILENIO varía en números y tiempo.
En un primer informe, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señala que de 2006 a 2015 se incineraron mil 560 cuerpos. En otro documento informa que de 2006 a 2018 se incineraron mil 571, mientras que en una solicitud de MILENIO afirma que de 2008 a 2015 se cremaron mil 134 restos.
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En octubre de 2018 la Comisión de Derechos Humanos de ese estado constató el traslado del Semefo al panteón de Belén de 700 urnas con cenizas.
En los documentos obtenidos por el centro también hay variaciones entre el número de restos que contaban con muestras de ADN. “En una de las solicitudes de información el instituto señala que todos los cuerpos contaban con un perfil genético; en otra, dice que solo 803, y en la tercera, que solo 141, previo a la incineración”, dice Anna Karolina Chimiak, investigadora del centro.
El director de la Comisión Especial para la Atención a Víctimas, Jaime Rochín, asegura que de presentarse las denuncias contra funcionarios, acompañarán a las víctimas “hasta la últimas consecuencias”, puesto que se trata de “una nueva desaparición forzada… desaparecer restos”.