Un juez ordenó al gobierno federal publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, porque éstas no se han reflejado en el Diario Oficial de la Federación.
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El juez dijo que por el momento no se pueden entregar recursos a dichas estancias, porque primero se debe verificar si los operadores cumplen con los requisitos para recibir los recursos federales.
El pasado 22 de febrero, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria dio a conocer que fueron publicadas las reglas para el Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019.
No obstante, hasta el momento la Conamer no lo ha llevado al Diario Oficial de la Federación, para que éstas entren en vigor un día después de la fecha de publicación.
La decisión del juez derivó de un amparo promovido en el estado de Nuevo León, por Ana Isabel Alejandre Rosales, quien reclamó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Bienestar Social han sido omisos en dar a conocer las reglas de operación, lo que se traduce en la falta de entrega del subsidio para las estancias infantiles de dicha entidad.
El juez federal Édgar Ulises Rentería solo otorgó la suspensión provisional por lo que hace a la omisión de las autoridades reclamadas.
“Este órgano de control constitucional estima procedente conceder la suspensión provisional, aunque solamente para el efecto de superar o vencer el acto reclamado por la parte quejosa, es decir, la omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019”, detalla el acuerdo del juez.
Respecto a la petición de la quejosa para que se les entregue los recursos para operar la estancia infantil, el juez estimó que no puede concederse la medida cautelar en esos términos.
Lo anterior, porque “se estaría constituyendo en su favor un derecho (percibir recursos federales para operar una estancia infantil) sin contar, de momento, con los elementos tanto normativos como probatorios para poder decidir si la parte quejosa satisface los requisitos para ejercer ese derecho.
“Lo que, colateralmente, podría conducir al extremo de otorgarle un derecho en transgresión a las normas que en materia de seguridad se encuentran inmersas precisamente en el Programa de Estancias Infantiles, las que por el sentido de la lógica y el sentido común tienden a la protección del orden público y el interés social”, enfatizó Ulises Rentería.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe una controversia constitucional interpuesta por el municipio de Hidalgo de Parral, Chihuahua, la cual aún no ha sido admitida a trámite. La controversia impugna la reducción en el presupuesto para operar las estancias infantiles.
bgpa