Autoridades estadunidenses emitieron una acusación en contra de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y más funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con el narco, en específico, con el Cártel de Sinaloa.
Las autoridades les imputan delitos de narcotráfico y relacionados con armas. Te decimos a continuación quiénes son todos los acusados y los cargos que han ocupado.
¿Quiénes son los funcionarios?
Entre los 10 funcionarios se encuentran:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano; exsecretario general de Sinaloa.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
De acuerdo con las autoridades, los señalados han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de Los Chapitos.
"Por ejemplo, Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales", se lee en el documento.
¿Qué delitos les imputan?
Rubén Rocha Moya
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Podría alcanzar cadena perpetua; pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Enrique Inzunza Cázarez
Enrique Inzunza Cázarez fue secretario general de Gobierno desde el inicio de la administración de Rubén Rocha Moya, y dejó el cargo el 16 de febrero de 2024 para competir por un escaño en el Senado.
La carrera de Inzunza Cazares se formó en el Poder Judicial de Sinaloa, donde ocupó posiciones como director del Instituto de Capacitación Judicial, magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo que le permitió construir una red de relaciones dentro del sistema judicial antes de su paso al ámbito político.
Se le acusa de:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Cadena perpetua; pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Dámaso Castro Saavedra
En la lista también aparece Dámaso Castro Zaavedra, actual vicefiscal general del estado. Fue nombrado en octubre de 2021 por el entonces fiscal Juan José Ríos Estavillo y se ha mantenido en el cargo pese a los cambios en la titularidad de la Fiscalía.
Continuó durante la gestión de Sara Bruna Quiñónez Estrada y permaneció tras su salida en agosto de 2024, en medio de cuestionamientos por la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Su nombre también fue incluido en la terna enviada al Congreso para designar a la nueva persona titular de la Fiscalía; sin embargo, la designación recayó en Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien posteriormente lo ratificó como vicefiscal, manteniéndolo dentro de la estructura operativa de la institución.
Ambos perfiles provienen del ámbito jurídico e institucional, con carreras construidas dentro del sistema de justicia en Sinaloa. Enrique Inzunza desde el Poder Judicial y Dámaso Castro desde la procuración de justicia.
Una coincidencia más es que han ocupado cargos estratégicos dentro de la administración de Rubén Rocha Moya, con incidencia directa en áreas clave: uno en la conducción política del gobierno (Secretaría General) y otro en la operación de la Fiscalía (vicefiscalía), lo que los sitúa en niveles relevantes de toma de decisiones.
Ambos perfiles también han sido objeto de críticas por parte de sus detractores, quienes les atribuyen un estilo de operación político considerado excesivamente pragmático, con capacidad para influir y reconfigurar decisiones dentro de las instituciones, en ocasiones bajo señalamientos de actuar con dureza o discrecionalidad en el manejo del poder.
Estados Unidos lo señala de:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Cadena perpetua; pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Marco Antonio Almanza Avilés
Marco Antonio Almanza Avilés se desempeñó como jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cargo que ocupó entre 2017 y 2022 dentro de la estructura de procuración de justicia.
Estados Unidos lo señala por:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Cadena perpetua; pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Gerardo Mérida Sánchez
A la lista se suma Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la seguridad estatal en uno de los periodos más críticos recientes, marcado por el estallido de la confrontación interna entre facciones del crimen organizado en 2024.
Su gestión coincidió con un repunte sostenido de la violencia, desapariciones y episodios de alto impacto que pusieron a prueba la capacidad operativa y de respuesta del aparato de seguridad.
Designado el 4 de septiembre de 2023, tras la salida de Cristóbal Castañeda Camarillo —quien había permanecido en el cargo desde la administración de Quirino Ordaz Coppel—, Mérida asumió con la encomienda de sostener la estrategia en un escenario que rápidamente se degradó.
Bajo su responsabilidad quedaron la coordinación interinstitucional, los operativos de contención y la comunicación oficial en medio de una crisis que desbordó lo operativo y alcanzó lo político.
Su salida, formalizada el 21 de diciembre de 2024, se dio en un entorno de desgaste. A lo largo de su gestión se acumularon cuestionamientos por los resultados en materia de seguridad y por la distancia entre los hechos en campo y la narrativa institucional.
En ese periodo también se consolidó el esquema de vocerías de seguridad como mecanismo para centralizar la información, una estrategia que, lejos de cerrar el debate, profundizó las críticas sobre el manejo de la comunicación gubernamental en medio de la violencia.
Se le acusa de:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Cadena perpetua; pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Juan de Dios Gámez Mendívil
El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también aparece en la lista, aunque su trayectoria política presenta matices distintos frente a otros perfiles señalados.
Su llegada al cargo se dio en 2022, en un contexto atípico, tras la destitución de Jesús Estrada Ferreiro, quien fue separado de la presidencia municipal por el Congreso del Estado luego de enfrentar acusaciones por presunta discriminación y un desempeño irregular en el ejercicio de la función pública.
Gámez Mendívil asumió la alcaldía como parte de un proceso de relevo institucional, con el respaldo de la mayoría legislativa, lo que marcó desde el inicio un perfil más vinculado a decisiones políticas internas que a una contienda electoral directa en ese momento. Una de las criticas que ha pesado en su contra, es la de ser ahijado del gobernador Rubén Rocha Moya.
Las acusaciones en su contra son por:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Cadena perpetua; pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Enrique Díaz Vega
Otro nombre relevante dentro de la lista es Enrique Díaz Vega, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, una de las posiciones clave dentro del gabinete estatal por su control sobre el manejo de los recursos públicos.
Asumió el cargo al arranque de la administración de Rubén Rocha Moya, el 1 de noviembre de 2021, y permaneció en funciones durante la primera etapa del gobierno, marcada por la implementación de la política financiera, presupuestal y de recaudación estatal.
Su salida se concretó en julio de 2024, en medio de un ajuste interno del gabinete, en un momento en que el gobierno estatal atravesaba presiones financieras y reconfiguraciones administrativas. En paralelo a su función pública, su figura ha estado ligada a intereses empresariales y redes de negocios en Sinaloa.
Se le señala por:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Cadena perpetua; pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
En la lista destacan ex funcionarios de menor rango como es el caso del ex comandante José Antonio Dionisio Hipólito y otras figuras como Alberto Jorge Contreras Núñez, Cholo, y Juan Valenzuela Millán, Juanito, un exmando de la Policía Municipal de Culiacán que alcanzó un nivel relevante dentro de la corporación, donde se desempeñó como comandante de alto rango entre aproximadamente 2018 y 2024, se le atribuye presunta participación en secuestros, homicidios y colaboración directa en la entrega de víctimas a grupos criminales, así como su posible implicación en casos relacionados con informantes de la DEA.
rdr/ksh