La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) ya no se les cobre por los requisitos para su titulación profesional.
Por mayoría de votos, el pleno avaló un proyecto del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien propuso amparar a un estudiante de la Facultad de Derecho al que se le tendrá que devolver los 3 mil pesos que pagó a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENLLT) —antes de Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras— por el curso de comprensión de lectura del idioma inglés, ya que es un requisito de titulación.
Ministro considera que el pago vulnera principio de progresividad
El togado indicó que condicionar la titulación a un determinado pago vulnera el principio de progresividad en materia educativa.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo que desde la reforma de 2019, el Estado mexicano tiene la obligación expresa de garantizar la gratuidad de la educación superior.
“Aunque la implementación es progresiva, ya han transcurrido más de seis años de dicha reforma, lo que exige un avance significativo por parte de las instituciones educativas públicas su implementación de esta reforma.
“En consecuencia, cualquier medida que constituye un elemento estructural del plan de estudios o de los requisitos de titulación debe ser plenamente gratuita, lo que incluye, como ocurre en este caso, el curso que libera un requisito indispensable para obtener el título profesional, el curso de comprensión de lectura”, apuntó.
La ministra Lenia Batres Guadarrama mencionó que la gratuidad de la educación superior en el nivel de licenciatura constituye hoy un piso mínimo constitucional que no puede fragmentarse ni relativizarse mediante la imposición de cargas económicas vinculadas a los elementos esenciales del proceso educativo, particularmente aquellos que condicionan la conducción de estudios y la obtención de títulos profesionales.
“La autonomía universitaria no puede ser utilizada para justificar prácticas que materialmente obstruyen el ejercicio del derecho a la educación, ni para trasladar al estudiantado los costos y obligaciones que corresponden a la propia institución, menos aún cuando se trata de una universidad pública que cuenta con una estructura institucional amplia, consolidada y con recursos presupuestarios significativos, mayoritariamente provenientes del subsidio federal”, añadió.
Corte apoyó proyecto de Hugo Aguilar… menos una
Por su parte, Loretta Ortiz Ahfl comentó que, a partir de la reforma del artículo tercero constitucional de 2019, México adoptó un estándar garantiza al respecto al principio de gratuidad en el derecho a la educación, que incluso ha superado el piso mínimo.
“En congruencia con ello, las resoluciones de esta Suprema Corte han ampliado ese piso mínimo de gratuidad en la educación superior pública avanzando en su desarrollo progresivo, tal y como se sostuvo en la acción de inconstitucionalidad 168/2020.
“Así como en amparo en revisión 305/2025 sobre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el que se determinó que el cobro de cuotas obligatorias que condicionen el acceso, vulnera el principio constitucional de gratuidad”.
Finalmente, la ministra María Estela Ríos González se opuso a la propuesta, porque destacó que el principio de gratuidad no es absoluto ni indeterminado, sino que el ejercicio concreto de este derecho tiene límites previstos en el marco legal correspondiente.
RM