Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Jorge Juan Torres López, quien es requerido por una Corte de Texas, por los presuntos delitos de asociación delictuosa, fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2.7 millones de dólares.
En una audiencia a puerta cerrada, a petición de las autoridades estadunidenses, para que no se revele la investigación, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, determinó sujetar a proceso de extradición a Torres López, y ordenó la prisión preventiva oficiosa en su contra.
Torres asumió el gobierno de Coahuila cuando Humberto Moreira se separó del cargo para asumir la dirigencia nacional del PRI, en 2011.
Funcionarios federales comentaron que la diligencia se realizó a puerta cerrada a petición del personal ministerial de la Fiscalía General de la República, así como de la defensa del detenido.
Indicaron que los fiscales federales señalaron que éste es un caso que interesa mucho a los estadunidenses y cuya información es delicada, por lo que no debe conocerse públicamente, por el momento.
Ayer, elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, detuvieron en Puerto Vallarta, Jalisco, al ex gobernador interino de Coahuila.
Contra Torres López existía una ficha roja emitida por Interpol, además de que está en la lista de los más buscados por la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA por sus siglas en inglés).
De acuerdo con las investigaciones de la DEA, el ex gobernador interino se encargó del lavado de dinero de varios millones de dólares, junto con el ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, recursos que pertenecían al erario estatal.
Según los norteamericanos, los recursos culminaron en instituciones crediticias del estado norteamericano de Texas, así como en bancos de las Bermudas.
En 2014, el diario texano San Antonio Express, informó que Javier Villarreal había llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, para entregar 6.5 millones de dólares que habían sido depositados en diversas cuentas bancarias de Texas. Él se encontraba
detenido en dicho estado norteamericano.
El diario mencionó que el dinero tenía su origen en las finanzas del gobierno de Coahuila, que dejó una deuda de 35 mil millones de pesos.
En México, la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) investigó a ex funcionarios que trabajaron en la gestión de Humberto Moreira, a quienes se les aseguraron recursos de 23 cuentas bancarias. Una de estas personas era el ex secretario de Finanzas, Héctor Javier Villarreal, contra quien existía una orden de aprehensión librada en 2012.
Villarreal y el resto de los investigados fueron acusados de emitir decretos, con documentos y firmas falsas, con los que simuló que el Congreso de Coahuila solicitó más de 5 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
nerc