La autoridad judicial dictó 70 años de prisión a María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, por haber ordenado al cártel de la Familia Michoacana el homicidio del síndico, Miguel Ángel Lara y su escolta, en enero de 2023.
Hace unos días fue encontrada, penalmente, responsable por este doble crimen, el cual ocurrió cuando estaba al frente de la administración pública municipal.
Ex alcaldesa ordenó el doble homicidio
Las indagatorias establecieron que el 25 de enero de 2023 el síndico municipal fue citado para acudir a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan; el chofer del ayuntamiento lo acompañó.
De acuerdo con la investigación, la instrucción para trasladarse a ese punto provino de su superior jerárquica, quien los envió a un área considerada de alto riesgo, de la cual no regresaron con vida.
Un día después, el 26 de enero de 2023, los cuerpos de ambas víctimas fueron localizados dentro de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla, en Zacazonapan. El hallazgo confirmó la privación de la vida de los dos funcionarios municipales y permitió avanzar en la integración de la carpeta de investigación.
La misma investigación apunta que este doble homicidio fue ejecutado a petición de la propiedad edil, ya que tenía diferencias políticas con Miguel Ángel Lara.
Martínez Robles continuó al frente de la administración pública hasta su captura, ocurrida en noviembre de 2024, en el marco de la Operación Enjambre, ejecutado por la Fiscalía mexiquense, cuyo propósito es combatir diversas expresiones delincuenciales al interior de las administraciones públicas municipales.
En este sentido, fue encontrada penalmente responsable y sentenciada a 70 años de cárcel, los cuales deberá de compurgar en una prisión del Estado de México. Además, se le impuso una reparación del daño del orden de 207 mil 234 pesos.
Tenía vínculos con la Familia Michoacana
Durante este proceso judicial se dio a conocer que María Elena Martínez Robles poseía vínculos directos con la Familia Michoacana.
Por un lado, se informó que el asesinato de ambos servidores públicos fue ordenado por ella y que habría pedido apoyo a este cártel, no sin antes haber tenido una reunión con los líderes de esta facción criminal, quienes estaban enterados del estado que guardaba la administración pública municipal y este conflicto de carácter político.
Asimismo, se informó que cada mes tenían que entregar la cantidad de 300 mil pesos e incluso, por los acuerdos de cabildo, desembolsaban hasta 100 mil pesos, los cuales iban al narco.
PNMO