Un juez federal ordenó confirmar el no ejercicio de la acción penal contra Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP), quien fue señalado de estar implicado en los desvíos millonarios de La Estafa Maestra.
El 4 de septiembre de 2019, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur revocó el no ejercicio de la acción penal decretado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la carpeta de investigación FED/DECC/FECC-CDMX/0007/2019, a favor del quejoso.
Ante esta situación, Lozada Aguilar promovió una demanda de garantías y Jesús Alberto Chávez Hernández, juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, le otorgó la protección de la justicia.
El juzgador ordenó al juez de control dejar sin efecto la resolución reclamada y emitir un nuevo pronunciamiento.
“Dicte otra en que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, confirme el no ejercicio de la acción penal decretado a favor del quejoso”, detalla el fallo judicial.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción comenzó a investigar a Lozada Aguilar, luego de que, en enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción en una conferencia mañanera de que se indagara al entonces director de Pemex-Pep por su relación con el caso de La Estafa Maestra.
“Si están involucrados en eso de La Estafa Maestra no tienen por qué trabajar en este gobierno, si los contrataron hicieron mal. Les adelanto que, si están involucrados en algún acto de corrupción, no tienen trabajo en el gobierno”, declaró López Obrador.
El ex funcionario fue vinculado con un presunto desvío de 82 millones de pesos, por firmar un convenio con la Universidad Popular de la Chontalpa.
El 11 de diciembre del año pasado, Lozada Aguilar fue destituido de su cargo, e inhabilitado por 10 años para ejercer el servicio público.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó en un comunicado que la sanción contra Lozada Aguilar derivó de omisiones detectadas en su declaración patrimonial de 2014 a 2017, las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
bgpa