Una sentencia de 10 años y tres meses ordenó el Tribunal de Juicio Oral de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para el exdirector general de Recursos Financieros de la SEPH, José Antonio Turrubiarte Delgadillo, después de haber sido encontrado culpable del delito de peculado.
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Adicionalmente a esta pena, Turrubiarte Delgadillo deberá pagar una multa de 24 mil 360 pesos, así como realizar la reparación de daños correspondiente a la cantidad de recursos que fueron desviados de la dependencia estatal cuando ejercía sus funciones, cifra que asciende a 126 millones 861 mil 653 pesos, monto que cubrió la Secretaría de Finanzas en 2016 al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores de la SEPH.
El delito de peculado se imputó al exfuncionario de la SEPH por la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el mes de diciembre de 2014, el cual asciende a 44 millones 203 mil 191.55 pesos, recursos que fueron desviados y utilizados en conceptos diferentes, siendo algunos de carácter personal.
Pese a que la fiscalía del estado solicitó una pena de 12 años de prisión para el exfuncionario estatal, los tres jueces adscritos a los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca, quienes conforman el Tribunal de Juicio Oral ordenaron una década de prisión para Turrubiarte Delgadillo; asimismo, señalaron que su preparación en contaduría lo hacía consciente de que esta práctica son contrarias a derecho y lo califica como delito culposo.
Apenas unos días atrás, el 17 de agosto, José Antonio Turrubiarte Delgadillo, fue declarado culpable del delito de peculado sustentado en la causa penal 355/2016 tras el desahogo de pruebas y testimoniales que incluyeron a nueve trabajadores de la SEPH y un perito de la PGJEH en el Tribunal de Enjuiciamiento.
Ante ello se consideró que las pruebas fueron suficientes para comprobar el peculado derivado de las intervenciones del Ministerio Público, instancia que además acusó a la defensa de Turrubiarte Delgadillo de ser omisa en la preparación de un caso para deslindarlo de los cargos que se le imputan.