La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, pueda promover juicios en representación de los intereses patrimoniales del Estado.
Con siete votos a favor y dos en contra, el pleno revocó la sentencia de un Tribunal Colegiado que no le reconoció legitimidad al promover un amparo, en un caso que involucra a 16 exfuncionarios que participaron en la celebración de diversos contratos y convenios modificatorios para la construcción de ocho centros penitenciarios en distintos estados del país, causando una afectación de más de 5 mil millones de pesos.
Funcionarios de sexenios pasados
La mayor parte de los exservidores públicos fueron subordinados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y algunos enfrentan procesos por diversos delitos.
Asimismo, ocuparon cargos en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
El asunto tuvo su origen a partir de una denuncia presentada por la SSPC contra los exservidores públicos, quienes entre 2010 y 2019, en conjunto con otros funcionarios de la entonces SSP, participaron en la celebración de diversos contratos y convenios modificatorios.
De acuerdo con la imputación, las contrataciones se realizaron de manera indebida con cargo a recursos federales, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los imputó por su probable responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa.
Pero un juez de control determinó no vincularlos a procesos y decretó el sobreseimiento parcial de la causa, al considerar que había operado la prescripción.
Ante esta situación, el Ministerio Público Federal impugnó la resolución. Sin embargo, un Tribunal de Alzada confirmó el fallo.
Posteriormente, la SSPC interpuso un amparo directo, pero el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó sobreseer el juicio al considerar que la Secretaría carecía de legitimación para promover la demanda.
El Tribunal Colegiado argumentó que el delito de uso indebido de atribuciones y facultades es de naturaleza formal, por lo que, desde su perspectiva, no requiere la existencia de un resultado material para su configuración. Por ello, concluyó que las conductas investigadas no podían haber generado una afectación patrimonial a la Secretaría.
¿Por qué buscan revocar la sentencia?
Loretta Ortiz Ahlf propuso revocar la sentencia, al considerar fundado el argumento relacionado con la interpretación del artículo 7 de la Ley de Amparo, particularmente respecto de lo que debe entenderse como afectación patrimonial en materia penal.
El proyecto aprobado establece que la existencia de una afectación patrimonial no puede determinarse únicamente a partir de la clasificación dogmática del delito.
La togada agregó que no basta con señalar que el tipo penal es formal para concluir que no existe una afectación económica.
“En el caso, los recursos comprometidos en las contrataciones investigadas son recursos federales cuya gestión correspondía a la Secretaría en representación de la Federación, de modo que la conducta imputada sí produjo una afectación patrimonial directa que satisface los requisitos del artículo séptimo de la Ley de Amparo”, expresó.
Al respecto, la ministra María Estela Ríos González señaló:
“Hay que entender que quién ejerce el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, va designando a cada dependencia un conjunto de atribuciones.
“Pero es facultad del poder, no es facultad, es obligación del Ejecutivo a través de sus diversas dependencias, defender las cuestiones patrimoniales. ¿Por qué razón? Porque el patrimonio de la Federación se constituye con todas las contribuciones que nosotros hacemos, con los bienes públicos, pero también con nuestras contribuciones”, expresó.
Los únicos que no estuvieron de acuerdo con la propuesta fueron los ministros Giovanni Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo.
¿Quiénes son los exfuncionarios en la mira?
Ahora, el Tribunal Colegiado deberá dar entrada a la demanda de la SSPC y estudiar el caso que involucra a varios exfuncionarios.
Los tres exfuncionarios que aparecen vinculados directamente con la firma de los contratos originales son: Sergio Montaño Fernández, exoficial Mayor de la SSP; Arturo Sosa Viderique, exdirector general de Administración; y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones.
También se menciona Antonio Molina Díaz, quien fue el coordinador general de las prisiones federales, quien hoy está preso.
Además, de la excoordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación (Ceferesos), Celina Oseguera Parra, entre otros.
RM