Este martes se manifestaron familiares y amigos de Karina Soto Beltrán, mujer que habría sido víctima de tortura junto con sus hijos a manos de presuntos elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el municipio de Nicolás Romero, caso que data de hace tres años, pero que las autoridades no han atendido su denuncia, por lo que exigieron justicia en las inmediaciones de las oficinas centrales de la institución, en la capital mexiquense.
Aproximadamente a las 13:00 horas se concentraron al menos 30 personas en las escalinatas del edificio central de la FGJEM, en Toluca, quienes, con cartulinas, lonas y un altavoz, exigieron justicia.
Los presuntos policías de investigación ingresaron por la fuerza y torturaron a la familia para que dieran información de un hombre al que estaban buscando.
“Fiscal No Ayude A torturadores de Niños y Mujeres”, consignaron en sus cartulinas.
La víctima, Karina Soto Beltrán, explicó en entrevista que los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo de 2020 en su domicilio en la colonia Llano Grande, donde cinco hombres entraron por la fuerza, sin una orden de cateo, para buscar a un hombre que pretendían detener, pero al no encontrarlo arremetieron contra ella y sus hijos menores de edad.
“Yo me encontraba en mi domicilio y llegaron unas personas que dijeron que eran agentes y llegaron golpeando mi puerta… rompieron los vidrios, la chapa y entraron; me decían buscaban a una persona, pero nunca me dijeron a quién buscaban”, relató Karina.
En su declaración, Karina aseguró que su repuesta a los agentes fue que ella desconocía a quien buscaban, que en ese domicilio sólo estaba ella con sus hijos; sin embargo, esto empeoró la situación, ya que estos hombres habrían golpeado a Karina y apuntado con un arma de fuego a la cabeza de su hijo que en ese entonces tenía 10 años.
“Le ponen una pistola en la cabeza, a mi me pegan y me dicen que si no sale nos van a matar”, explicó.
A raíz de esto la familia denunció los hechos y pudo identificar a tres de los agresores como policías de investigación de la FGJEM, pero hasta el momento y a pesar de que el caso es de conocimiento de las autoridades federales (a quienes solicitaron el Protocolo de Estambul), hasta el momento no hay avances en el caso.
“Lo que le hicieron a mi hijo, que le pusieron la pistola y yo no poder hacer nada, por eso estamos exigiendo justicia… mi hijo quedó con muchas afectaciones, ahora no puede salir a la calle porque ve a personas vestidas de policías y se asusta tanto que le gana del baño”, concluyó.
La defensa legal de la familia ingresó a la FGJEM para corroborar los avances de la investigación; en tanto, hasta el momento la institución no se ha pronunciado al respecto.
JGM