El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron que el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los juzgadores federales sí cuenta con facultades para investigar denuncias anónimas, aun si estas no van acompañadas de pruebas, pues existe una reforma publicada desde 2020, cuando el ministro Arturo Zaldívar fue su presidente.
Asimismo, aclararon que el CJF únicamente no tiene facultades para investigar a un ex ministro de la Corte, por lo que la denuncia que menciona a Arturo Zaldívar fue turnada a la Corte para que resuelva sobre la misma.
Indicaron que conforme a la normativa que rige la actuación del CJF, es competencia de la presidenta, en este caso de la ministra Norma Piña Hernández, pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.
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Explicaron que, de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa, incluyendo las anónimas.
Por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
“Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente”.
¿Cuántas denuncias anónimas hay?
Puntualizaron que, bajo este último supuesto, desde 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas.
“Esta regulación del CJF responde a lo dispuesto en los artículos 91, segundo párrafo, y 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, para la admisión de la denuncia anónima, no exigen que se acompañen pruebas”.
Por esta razón, el pasado 9 de abril, la presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, al ministro en retiro Arturo Zaldívar, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas.
“En dicho acuerdo, se consideró que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un ex ministro. En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal".
“Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente”.
De igual manera, por acuerdo de la ministra Norma Piña se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.
RM