En una década, la extorsión dejó de concentrarse en unas cuantas metrópolis y comenzó a expandirse por el centro del país tras la reorganización de grupos criminales, con aumentos acelerados en municipios que hoy conforman un corredor entre la Ciudad de México y el Bajío, dos de las regiones económicas más importantes del país.
De acuerdo con la investigación de MILENIO, los cobros de piso contaban con un comportamiento estable hasta 2018, cuando se promediaban 6 mil 200 denuncias por este delito; sin embargo, en 2019 los casos crecieron hasta los 8 mil 734 casos y en 2025 se registraron 10 mil 450 denuncias, lo que representa una alza de 74 por ciento en una década, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Esa expansión llegó a lugares que históricamente representaban zonas relativamente seguras para los comerciantes y habitantes, como Celaya, Irapuato y Salamanca, en Guanajuato; San Juan del Río y Querétaro, en Querétaro, así como Morelia, Michoacán, municipios que en conjunto registraron apenas 14 denuncias en 2015, pero que para 2025 acumularon 940 casos.
Esto se debió a que los cárteles de la droga adoptaron a la extorsión como una de sus principales fuentes de ingreso para financiar conflictos con grupos antagónicos y pagar sobornos a las autoridades.
“La guerra civil que partió al Cártel de Sinaloa obligó a Los Mayos y Los Chapitos a cobrar dinero para costear la guerra interna ante la falta de recursos por el rompimiento”, explicó el especialista en temas de seguridad, David Saucedo.
Con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pasó una cosa diferente, pues en los primeros años de su expansión fueron reclutando grupos criminales pequeños de Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Colima que ya se dedicaban al cobro de piso, por lo que adquirieron esta práctica “por ósmosis”, señaló Saucedo.
En el caso de la Familia Michoacana, el especialista sostuvo que estos “ya tenían en su ADN la extorsión hacia los productores de aguacate, limón y productores agropecuarios” y la situación se complicó cuando los grupos de autodefensa, que se crearon para combatir dichas extorsiones, terminaron adoptando el cobro de piso.
De esta forma se conformó un corredor de la extorsión que comienza en municipios del Estado de México y la Ciudad de México —donde históricamente los extorsionadores han operado— y que se expande ahora por Querétaro, Guanajuato y Michoacán. En estos estados se concentran 16 de los 20 municipios con mayor incremento de las extorsiones en la última década.
Apenas en 2015 las extorsiones se concentraban principalmente en una docena de municipios del Estado de México, algunas alcaldías de la Ciudad de México como Iztapalapa y la Gustavo A. Madero y diferentes capitales de estados importantes como Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Desde la expansión del CJNG, el mayor foco de atención se encuentra en municipios del Bajío que presentan incrementos exponenciales en el cobro de piso, como Celaya, Guanajuato, donde pasaron de tener tres carpetas de investigación en 2015 a 239 en el año pasado, lo que representa una alza de más de 7 mil 866 por ciento.
En Irapuato también se presentó una alza importante, pues de tener un saldo blanco hace 10 años, en 2025 cerró con 235 denuncias por extorsión y un caso similar ocurrió en Salamanca, pues pasó de no tener registros a 177 casos.
Además, en Querétaro —uno de los estados con mayor crecimiento económico del país y donde se concentra la industria aeroespacial y parte del sector automotor— también se presentan picos de crecimiento en la capital del estado, donde pasaron de cuatro a 95 denuncias por cobro de piso y en el municipio de San Juan del Río el cambio fue de una carpeta de investigación a 79 en la última década.
Este patrón territorial coincide con algunas de las zonas con mayor dinamismo económico del país. El corredor que une el Valle de México con el Bajío concentra parques industriales, rutas de transporte de mercancías, nodos logísticos y ciudades que han registrado un rápido crecimiento urbano durante la última década.
Al poniente, en Michoacán, las extorsiones se dispararon en la capital del estado tras pasar de seis casos a 115 en apenas 10 años y, en el caso de Uruapan, una demarcación con fuerte presencia del crimen organizado desde inicios del siglo, los casos pasaron de 10 denuncias a 77 en el año pasado, lo que representa un crecimiento de mil 816 y 670 por ciento, respectivamente.
En la Ciudad de México, donde operan células criminales como La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, el mayor aumento se observa en Iztapalapa, donde las denuncias pasaron de 80 casos en 2015 a 335 en 2025. También destacan incrementos en la Gustavo A. Madero, donde los cobros de piso crecieron de 69 a 206 denuncias; en Cuauhtémoc crecieron de 83 a 184 casos y en Tláhuac pasaron de 12 a 82 registros.
En el Estado de México destacan los casos de Toluca y Ecatepec. En el primero, las extorsiones pasaron de 109 a 219 denuncias entre 2015 y 2025, mientras que en el segundo aumentaron de 195 a 224. Con estas cifras, ambos municipios se ubican entre los diez con más cobros de piso registrados en el país durante 2025.
HCM