Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), aseguró que, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la revisión de la prisión preventiva oficiosa tras el plazo constitucional de dos años, se acelerarán las sentencias y podrán ser liberados quienes no provoquen la lentitud en sus juicios.
Sandoval enfatizó que “todavía no se logra aquilatar la importancia” de esta resolución de la Primera Sala del máximo tribunal del país, caso que fue representado por la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP que encabeza y que fue creada en la actual administración del ministro Arturo Zaldívar.
Este caso deriva de un hombre, hojalatero de oficio, que fue detenido en 2018, acusado de participar en un secuestro exprés contra un servidor público federal y presentado ante el Agente del Ministerio Público de la Ciudad de México; a pesar de haber negado su participación en los hechos lleva más de tres años en prisión preventiva.
Al respecto, el titular del IFDP remitió a cifras del Inegi sobre este asunto y destacó que 86 mil personas internadas en algún centro penitenciario continúa sin sentencia o cuenta con la medida cautelar de prisión preventiva.
De igual forma, el funcionario del Consejo de la Judicatura Federal destacó que el 20 por ciento de los presos esperaron más de dos años -lo que señala el plazo constitucional en materia de prisión preventiva- para ser sentenciados.
“Ahora la justicia deberá ser realmente pronta y expedita. No podrá seguir abusándose con juicios que duraban décadas. No es liberación en automática. Es un límite racional a la prisión preventiva oficiosa. A través de audiencias caso por caso, permitirá cambiar la medida cautelar y respetar derechos humanos”, escribió en su cuenta de Twitter.
DMZ