Organizaciones de la sociedad civil acusaron una falta de judicialización en casos de tortura, así como la ausencia de Fiscalías especiales y debido proceso de investigación.
Como parte de la presentación del informe Observatorio contra la Tortura, señalaron que en 2022 se iniciaron 6 mil 226 carpetas de investigación, pero solamente 82 fueron judicializadas, cifra que representa un aumento del 11% respecto a 2021.
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Dentro del informe realizado por organizaciones como el Centro Prodh y Fundar, presentado este martes, apuntaron que para 2022 había 17 Fiscalías especializadas y 12 unidades especializadas, dentro de las cuales, sólo ocho tuvieron un presupuesto propio para investigar la tortura.
Mientras que el resto dependen presupuestariamente de las Fiscalías generales.
“En la Ley General de Materia de Tortura, se establecía que la Procuraduría o la Fiscalía General de la República (FGR) tenía 180 días para contar con toda la infraestructura tecnológica para poder generar este registro y entrar en funcionamiento; su implementación ha sido deficiente”, denunció Denis Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
¿Qué dice la ley contra la tortura?
La Ley General contra la Tortura, publicada en 2017, señala que en los estados donde no hay recursos suficientes para operar Fiscalías especializadas se crearán unidades administrativas especializadas.
Por otra parte, Jesús Peña Palacios, representante Adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, recordó que el Comité contra la Tortura de la ONU, en su última revisión en 2019 , señaló de forma “insistente” la ausencia de voluntad y capacidad para emprender una investigación seria y eficiente por parte de las Fiscalías a nivel estatal.
“El comité contra la Tortura reconoció en la ley general en materia un importante paso, pero al mismo tiempo ponía su foco en la falta de implementación de la misma... Mencionando entre los principales problemas, la falta de independencia y parcialidad de las investigaciones”, apuntó.
A su vez, las organizaciones denunciaron la falta de un debido procesos de investigación, pues dentro del número de peritajes realizados por las Fiscalías en 2022 y el número de víctimas de tortura registradas, durante el mismo año, a 81% de las víctimas de tortura no tuvieron acceso a peritajes médico y psicológicos.
RM