En esta casa el calendario avanza de manera distinta; no hubo vacaciones, fiestas o regalos navideños: tampoco llegó la justicia o la reparación.
Después de seis meses de parálisis ministerial en la región de La Montaña, de Guerrero, hoy, lo único que la familia de Angélica desea es emprender una nueva vida, aunque ello implique perdonar a sus agresores.
El hartazgo de las amenazas de pobladores de comunidades como Joya Real y Dos Ríos, y el asesinato de forma violenta de un primo apenas el pasado 23 de diciembre, detonó que la familia de Angélica -menor de 15 encarcelada tras denunciar a sus agresores- cambiara de parecer y ahora, desee otorgarle el perdón a los agresores, pues advierten, es la única forma de seguir adelante.
Desde su refugio, donde comen tortillas con cebolla y chile, una vez más la familia accede a conversar con MILENIO y hacer pública su intención de perdonar a quienes los amenazan y hostigan, a quienes no les permiten volver a su comunidad en Joya Real, y a las estructuras gubernamentales que no les entregaron justicia.
Juan Manuel Martínez es padre de Angélica, y pide que el asunto termine tranquilo, y que lo dejen tranquilo, para comenzar una nueva vida junto con su familia; “yo problemas no quiero, yo soy huérfano, pero nunca he robado y quiero seguir así, no faltarle a la gente”, advierte.
“Lo que queremos es que se acabe este problema para poder salir a trabajar y conseguir algo; queremos perdonarlos a los que están encarcelados en San Luis, se acabe esto y podamos salir a trabajar y ganar algo para comer”.
En concreto, se refiere a Carlos 'N' y Daniel Alberto 'N', policías comunitarios de la comunidad de Dos Ríos en Cochoapa el Grande, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), hoy recluidos en el municipio de San Luis Acatlán, en Guerrero, quienes encerraron a la familia en una celda, y agredieron a Concepción Ventura, madre de Angélica, a quien le habrían propiciado un aborto.
-¿A esos policías tú los perdonas?-
“Sí, yo voy a perdonar, es que este policía que va a salir, otro señor Rutilio Nicolás, va a salir es que… este daño que van, si va a pagar poco y va a salir”, dice Concepción, quien apenas habla español. Pero suficiente para advertir; “yo gasté dinero cuando fui hospital”.
En realidad, lo único que quiere está familia forjada por los usos y costumbres de La Montaña de Guerrero es que los dejen en paz.
“Que no me molesten más, ella no tiene la culpa. Mi suegra no tiene la culpa”, insiste, en relación a Petra Martínez Vázquez, tía-abuela de Angélica, quien le ha dado voz a las problemáticas en la región de la Montaña, desde la falta de clínicas, la falta de infraestructura y la compra- Venta de menores, quien ha sido víctima de las amenazas desde que se destapó el problema.
Petra quiere recuperar su tranquilidad; y pide las autoridades que escuchen a la Montaña y organicen un diálogo con todas las parte involucradas para aclarar el problema, y que cada quien asuma su responsabilidad.
“Que se citen las partes de las personas afectadas tanto nosotros y la parte de las personas que fueron, los suegros y los comunitarios, donde se comprometa ante el público.
“Lo que nosotros queremos que los comunitarios ante el público, nivel estatal, nacional, ellos reconozcan sus realidades, sus cosas que cometieron, y nadie le va a hacer daño, ya no hay remedio en poder componer las cosas, y a los bebés desechos ya no se pueden remediar”, advierte.
El perdón sería firmado el próximo 7 de enero en San Luis Acatlán ante las policías comunitarias, y la familia no pretende regresar a La Montaña y fijan su destino en Tierra Caliente.
“Voy a salir que trabajar en Apatzingán, voy a trabajar con mi esposo y con mis hijos también”.
A la menor, ya sonriente después del martirio que vivió hace unos meses, sólo quiere que la dejen jugar en el río con sus primos y hermanos.
-¿Tú los perdonarías? -Creo que sí porque lo que ya pasó no podrán superarse-responde Angélica.
DMZ