Los familiares de un joven de 16 años, de la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, y quien presuntamente habría sido abusado sexualmente por un sujeto de 42 años, denunciaron irregularidades en el caso y pidieron a la juez del penal de Barrientos reconsiderar la prisión preventiva necesaria, por considerar que Carlos “N” puede presentar un patrón patológico como abusador.
El hombre, de acuerdo con la causa 629/2022, habría llevado al motel Magnus, frente al Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza, al joven al parecer drogado, donde Carlos “N” pagó con una tarjeta bancaria a su nombre el servicio, según las cámaras de ese lugar.
Valeria, madre de la víctima, informó que debido a que el presunto pederasta vive cerca de su casa solicitó a través de su abogado medidas cautelares para protección de ella y sus familiares.
“La Juez autorizó un botón de pánico, sin embargo, hasta ahora no hemos recibido nada. Por eso exigimos una condena ejemplar”, dijo la madre del menor.
Explicó que ella y sus hijos han recibido amenazas, llamadas telefónicas, mensajes violentos en redes sociales, y han querido amedrentarlos desde que inició el procedimiento penal hace más de dos años.
“Me han seguido vehículos extraños, no solo a mi sino también a mis hijos, es evidente que tratan de infundirnos miedo para desistir. Han comprado a mis abogados, hasta ahora van tres”, explicó.
Carlos “N” salió libre del penal de Barrientos el 7 de diciembre, sin brazalete, luego de que la jueza le cambiara la medida cautelar para permitir que saliera del reclusorio donde permanecía encerrado desde octubre de 2021.
Ella hizo un llamado a las autoridades para que se imponga la justicia.
“Que la honorable juez dicte una sentencia ejemplar para proteger a mi hijo y condenar al imputado, es imperativo que el sistema judicial brinde un espacio seguro, que mi hijo pueda contar su historia y buscar justicia. La sentencia debe ser contundente transmitiendo el mensaje de que la pederastia no será tolerada en la sociedad”.
La madre del menor confió en que las autoridades estatales de impartición de justicia hagan lo propio y actúen conforme a derecho, primero para proteger a su hijo, quien después de dos años hasta la fecha continúa con problemas psicológicos a consecuencia del abuso, afirma.
emg