Feminicidio en Edomex: resultado de 25 años de impunidad

Como si fuera un hecho aislado, el pasado 8 de octubre la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comenzó a deshilar la historia de Juan Carlos “N”, un presunto “enfermo mental” y asesino serial confeso; pero omitió contar de que se trataba solo de uno de tantos casos de feminicidio que ocurren en esa entidad.

La historia de este asesino, retomada y replicada por los medios de comunicación, convirtió de repente al municipio Ecatepec en el epicentro del feminicidio, tal como hace 25 años lo fue Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Como sucedió en 1993 en Ciudad Juárez, cuando los crímenes contra las mujeres se atribuyeron a un asesino serial, a sectas religiosas o a traficantes de órganos, hoy se vuelve a dejar de lado la posibilidad de que las mujeres sean asesinadas por hombres que tienen el permiso de un Estado omiso que no investigó ni sancionó los primeros crímenes.

Desde hace 25 años las organizaciones civiles y académicas advirtieron que si no se hacía algo para detener la violencia en Ciudad Juárez, ésta se extendería a toda la República mexicana. Hoy, en todo el país, la violencia de género cobra la vida de 8 mujeres y niñas al día.

La violencia no se detuvo y la impunidad tampoco. Como muestra, en 2009 el Estado mexicano recibió una sentencia por feminicidio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH); además casi la mitad del país, 14 entidades, tiene activada una Alerta de Violencia de Género.

Al referirse al supuesto asesino serial, el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, afirmó que no había antecedentes de “esa violencia” pero las cifras demuestran lo contrario.

El año pasado 462 mujeres fueron asesinadas en territorio mexiquense, según las estadísticas de defunciones por homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 65 ocurrieron en Ecatepec.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a agosto de 2018, en la entidad gobernada por el PRI se registraron 64 presuntos delitos de feminicidio, la mayor cantidad entre todos los estados.

A pesar de tener este diagnóstico, mecanismos y herramientas legales, 20 mujeres fueron asesinadas antes de que la policía estatal tuviera un golpe de suerte y capturara a dos presuntos responsables: un hombre y una mujer, ambos detenidos por llevar una carriola cuando se buscaba a un bebé desaparecido.

Hasta ahora nada ha sido suficiente para detener los asesinatos de mujeres: ni contar con el tipo penal en el Código Penal, ni tener tres Centros de Justicia para las Mujeres (Cuautitlán Izcalli, Amecameca y Toluca) ni mucho menos tener una Alerta de Violencia de Género, activada en noviembre de 2015.

Para rematar, así como en 1993 en Ciudad Juárez los crímenes de mujeres se atribuyeron a asesinos seriales o sectas religiosas; ahora se responsabiliza a un hombre del fenómeno del feminicidio, a quien además se le describe como “una persona enferma y con traumas” por el maltrato que vivió de su madre cuando era niño.

Como en su momento ocurrió en Juárez cuando nombraron a estos asesinatos por razón de género como “las muertas de Juárez”, los medios hoy convierten la realidad en una novela de suspenso con feminicidas que se vuelven “leyendas” dignas de contar.

Los medios de comunicación se han esforzado por usar las palabras precisas para describir cómo Juan Carlos “N” cometió los crímenes, por hacer “pedagogía de la crueldad”, como le llama la antropóloga feminista Rita Segato al hecho de que los medios prácticamente hagan manuales para explicar cómo asesinar mujeres.

En 2006 la antropóloga feminista Marcela Lagarde coordinó la investigación “Violencia Feminicida en la República Mexicana”, donde explicó el contexto de la entidad mexiquense y afirmó que la información de los medios sobre la violencia de género era insuficiente y reflejaba el desconocimiento sobre el problema.

La antropóloga recomendó investigar y esclarecer los casos, medida que pasó inadvertidas. Así siguieron los hallazgos de cuerpos de mujeres que fueron arrojados al Río de los Remedios, un canal de aguas negras que cruza tres municipios mexiquenses; en lotes baldíos que quedan en medio de unidades habitacionales despobladas durante el día, o en calles rodeadas de fábricas o basureros.

En ese contexto, las y los vecinos fueron registrando en la memoria lo crímenes cometidos por desconocidos y en algunas ocasiones por personas cercanas y parejas de las víctimas.

En medio de la impunidad de los primeros asesinatos visibles, continuaron otros, como el de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada el 12 de febrero de 2004 por su pareja Bernardo López Gutiérrez. La falta de acceso a la justicia hizo que en 2010 la familia de Nadia pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conocer el caso, expediente recién admitido en agosto de este año.

No hubo gobernador ni procurador que detuviera la impunidad. En 2010 Mariana Lima Buendía fue asesinada por su entonces pareja, el policía judicial Julio César Ballinas. La familia logró llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2015 ordenó a la Procuraduría General de Justicia estatal volver a investigar el asesinato de la joven, pero ahora con perspectiva de género.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2005 y 2010 se registraron 922 homicidios dolosos de mujeres, por esta razón en diciembre de 2010 se presentó una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

En medio de un proceso burocrático y de acusaciones de uso político de los crímenes, en 2011 la solicitud se declaró improcedente, lo que llevó a las organizaciones a interponer recursos legales y que se aceptara en 2014. Fue en julio de 2015 cuando se declaró la alerta para 11 municipios mexiquenses, incluyendo Ecatepec.

Con todos los instrumentos legales y con recomendaciones de instancias y organismos internacionales, la sociedad civil aún debe hacer presión para que el Estado haga uso de ellos y termine con la impunidad, mientras a los medios de comunicación les exigen respetar los derechos de las víctimas y sus familias y dejar de hacer “pedagogía de la violencia de género”.

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