La mañana del 18 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), será trasladado desde Argentina a México, en donde es investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Farías Laguna fue capturado en Buenos Aires el pasado 23 de abril. Según las investigaciones en el país sudamericano, logró ingresar al territorio mediante el uso de documentos apócrifos, luego de haber estado en Colombia.
El excontralmirante es señalado por autoridades mexicanas como presunto líder de una red de huachicol fiscal, como se le conoce al contrabando de hidrocarburos a través de un esquema que permite evadir los impuestos correspondientes al manejo de estos recursos. Pero, ¿cuál habría sido su papel en el entramado criminal? En MILENIO te contamos lo que se sabe al respecto.
Los Primos: la red que puso en la mira a Fernando Farías Laguna
A finales de marzo de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el hallazgo de 10 millones de litros de diésel en un predio de Altamira, Tamaulipas, los cuales habían sido introducidos al país en días previos bajo la fachada de aditivos para aceites lubricantes.
Con esta simulación, los involucrados en este tipo de esquemas buscan eludir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a la importación de productos como gasolina y diésel.
Las investigaciones del gobierno federal permitieron identificar que la estructura vinculada al ingreso irregular de los hidrocarburos operaba desde 2023 bajo el nombre de Los Primos y estaba presuntamente encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, exmandos de la Secretaría de Marina.
Información recabada por los periodistas Rubén Mosso y Mario Rodríguez, de MILENIO, reveló que la capacidad operativa de Los Primos les permitía cerrar hasta por una hora la aduana de Tampico para descargar millones de litros de diésel en cientos de pipas.
Al respecto, cabe destacar que las 17 aduanas marítimas que existen en México están bajo la coordinación de la Semar, institución en la que los hermanos Farías Laguna desempeñaban altos cargos.
En este sentido, la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) sugiere que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna se encargaban de proponer y aprobar al personal que debía desempeñar funciones estratégicas en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
¿Qué dicen las leyes al respecto?
Detalles compartidos por la SSPC precisan que Fernando Farías Laguna cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
En su artículo 9, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos contempla una pena de hasta 17 años de prisión a quien compre, enajene, comercialice, transporte o distribuya 2 mil o más litros de hidrocarburos sin consentimiento de asignatarios, contratistas o permisionarios.
A quien facilite cualquiera de dichas conductas se le impondrá hasta tres cuartas partes de la sanción correspondiente, aunque ésta puede incrementarse si la colaboración ocurre mediante el uso de información o datos obtenidos ilícitamente sobre el funcionamiento de operación, instalaciones o actividades del personal asignado a dichas labores.
En otros casos de huachicol fiscal, la FGR ha explicado que estas redes criminales no sólo utilizan una compleja estructura para la importación y distribución del combustible importado de forma irregular, sino que también requieren de una robusta estructura financiera para el manejo de sus ganancias.
Dadas las características de sus actividades, las autoridades también han alertado sobre las afectaciones que las redes de huachicol fiscal ocasionan al Sistema de Administración Tributaria (SAT), debido a la evasión de las contribuciones correspondientes.
Según lo establecido en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, la defraudación fiscal se define como la omisión total o parcial, mediante engaños o aprovechamiento de errores, de alguna contribución, en perjuicio del fisco federal.
La pena más alta contemplada en la norma por este delito es de hasta nueve años de cárcel, en casos en los que el monto defraudado supere la cifra de un millón 832 mil 920 pesos.
BM.