La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salvó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México de realizar un pago millonario a favor de una persona que estuvo encarcelada casi 18 años por un delito que no cometió y quien tras su salida de la cárcel promovió una demanda civil para ser indemnizado.
Por mayoría de votos, el pleno amparó a la Fiscalía capitalina y dejó sin efecto la resolución de un Tribunal que ordenó el pago a la víctima y a sus familiares.
¿Cuál fue el fallo de la Corte?
Sin embargo, la Corte dejó a salvo los derechos del quejoso para que promueva una nueva demanda por la vía administrativa para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, puntualizando que el caso no está prescrito.
Arístides Guerrero García, ministro ponente, señaló que el juicio civil no es la vía para reclamar la responsabilidad patrimonial, sino la administrativa.
La discusión derivó de un amparo que atrajo la Corte dada su relevancia para definir en qué vía se debe reclamar una indemnización por actos del Ministerio Público.
Caso del hombre inocente
En 1999, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal aprehendió a José Juan Sánchez Castañeda, a quien identificó como El Toroloco.
La dependencia lo acusó de ser uno de los delincuentes más buscados por la ejecución de dos agentes de la Dirección General de Investigación Criminal, delito registrado en 1998.
El quejoso recuperó su libertad en 2017 y emprendió acciones legales para demandar un pago millonario.
Por ejemplo, demandó el pago con intereses, por la imposibilidad de ejecutar labores en el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 1999 al 3 de mayo de 2017. Asimismo, para pagar al abogado que lo acompañó en el proceso.
También solicitó el pago por daño moral y emocional, además de pagos y prestaciones para su esposa y sus hijas.
El juez civil condenó a la institución al pago de la indemnización y esta decisión fue confirmada por el Tribunal que revisó esa sentencia, razón por la cual la fiscalía impugnó.
Algunos de los montos que ya habían sido validados por el Tribunal, tienen que ver con un pago de un millón de pesos para su abogado y otros para su esposa e hijas por casi 800 mil pesos para cada una.
¿Cuál fue la propuesta de los ministros?
Guerrero García propuso que el caso no prescriba para darle oportunidad al quejoso de emprender su nueva demanda.
“El proyecto concluye que la vía civil no es idónea para demandar la responsabilidad de la entonces Procuraduría del Distrito Federal, esta conclusión no impide que la parte actora pueda plantear su reclamo en la vía administrativa, tampoco que sea válido para efecto de la prescripción de su acción en esa vía”.
Por ello, se debe tomar en cuenta el tiempo que duró la tramitación del juicio civil.
“Incluso, se propone declarar que las actuaciones y diligencias probatorias del juicio civil tendrán plena eficacia en el procedimiento administrativo que llegue a promoverse”, apuntó.
RM