Un Tribunal Colegiado dejó el camino abierto para que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con la investigación por el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y solicite la ampliación del dictamen del perito estadunidense David Mitchell Smith, quien aseguró que la conflagración pudo haber sido provocada deliberadamente.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la resolución del juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena Vélazquez, quien determinó sobreseer la demanda de garantías presentada por Juan Carlos Lam Félix.
Juan Carlos fue secretario técnico del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y se le ha señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda, conflagración que se habría propagado a la estancia infantil donde murieron 49 niños y más de un centenar resultaron heridos el 5 de junio de 2009.
Lam Félix demandó que la FGR determine la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNOXIV/19A/2013, y que se decrete el no ejercicio de la acción penal a su favor.
La FGR señaló que está perfeccionando su investigación y comenzó gestiones de asistencia jurídica internacional para solicitar la ampliación del dictamen que presentó en su momento el perito estadunidense David Mitchell, quien en 2010 aseguró que el incendio pudo ser provocado.
La FGR retomó la pesquisa para saber si el incendio inició en la bodega contigua a la Guardería, donde supuestamente se quemó documentación para ocultar la deuda pública que contrajo Sonora por 10 mil millones de pesos en la gestión de Bours.
El Ministerio Público Federal también pidió la designación de dos peritos en materia de arquitectura forense.
Hace unos meses, Veredín Sena decidió sobreseer la demanda de amparo de Lam Félix porque la FGR está reuniendo elementos para poder resolver en definitiva este caso.
“(…) en los acuerdos de diligencias, solicitudes de información y desahogo de actuaciones ministeriales, que obran dentro de la misma, se encuentra la autoridad ministerial allegándose de los datos e indicios necesarios para determinar jurídicamente conforme a derecho corresponda la citada indagatoria, por lo que no es factible afirmar que la autoridad responsable se abstiene en determinar en definitiva de la averiguación previa de que se trata”, indicó el juez.
Ahora, el fallo fue ratificado por el Tribunal de Alzada.
RLO