Un Tribunal Federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que entregue una copia a una juez de Distrito, de la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación contra la conductora Inés Gómez Mont, quien pidió que no se ejerza acción penal en su contra por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Inés, es sobrina del ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y del ex director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Gómez Mont, quienes ocuparon los cargos en el sexenio de Felipe Calderón.
En el expediente, se menciona que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Seido, inició la investigación porque en el ejercicio fiscal de 2016, la conductora obtuvo ingresos superiores a los que refirió en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Para llegar a una solución alterna, el 27 de noviembre de 2018, Inés Gómez solicitó la intervención del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR, para lograr un acuerdo reparatorio con el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El 30 de noviembre se celebró el acuerdo, en el que ella pagó 10 millones 967 mil 907 pesos por concepto de contribuciones federales omitidas.
Sin embargo, el 16 de enero de 2019, el agente del Ministerio Público Federal encargado de la integración de la carpeta de investigación, determinó que el daño sufrido por la hacienda pública no fue cubierto en su totalidad, ya que también faltaban por cubrir 2 millones 604 mil 537 pesos más. En consecuencia, no aprobó el acuerdo.
La conductora pagó el dinero restante, pero el director de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP, envió un oficio el 12 de junio de 2019, donde hizo saber que la “Unidad Administrativa” de la dirección que preside era la única facultada para pronunciarse respecto del perdón o del desistimiento de la acción penal.
Por esta razón, el 20 de junio el MPF determinó que no era procedente el acuerdo. La defensa de la conductora pidió que no se ejerciera acción penal, pero el 14 de agosto el MPF señaló que no era procedente la petición.
Inés Gómez interpuso una demanda de garantías y el 30 de octubre la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricia Marcela Diez, ordenó a la FGR entregar copia de la denuncia, para tener elementos y saber si concede o no la protección de la justicia.
La FGR interpuso un recurso de queja, pero el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal lo declaró infundado, motivo por el cual debe ser entregada la copia de la denuncia.
ledz