La Fiscalía General de la República descubrió una red delictiva conformada por servidores públicos de su institución que se “confabularon” con autoridades de Jalisco, empresarios y reconocidos abogados, para dañar a una de las familias más ricas del país, a la que acusaron de tener nexos con el narcotráfico y, por ende, solicitaron órdenes de aprehensión.
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Durante una audiencia de más de 15 horas, los fiscales de Asuntos Internos señalaron que agentes de Interpol-México, en coordinación con autoridades de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, “fabricaron” y “sembraron” pruebas de manera dolosa y “maquiavélica”, “manipulando” información entregada por las agencias ICE y ATF de Estados Unidos para combatir a una organización dedicada al tráfico de armas.
Los fiscales mencionaron que para lograr el objetivo, los servidores públicos federales “engañaron” al Poder Judicial de la Federación para obtener órdenes e intervenir las comunicaciones de la familia afectada, además de realizar tres cateos en igual número de domicilios de Zapopan, donde “sembraron droga”, amedrentaron a una mujer, a sus hermanos y torturaron a su hijo menor de 17 años colocándole una pistola en la cabeza. Dichas acciones se realizaron en abril y mayo del presente año.
“Fue un operativo bien preparado y maquiavélicamente planeado para llevar a cabo los fines del (empresario prófugo de la justicia) Juan Pablo González Cimadevilla”, uno de los hombres más ricos de México, declararon los fiscales de la FGR ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
El abogado Marco Antonio del Toro, asesor jurídico de las víctimas, narró ante el juez que todo inició a raíz de un conflicto marital y mal divorcio, donde González Cimadevilla denunció a su ex esposa de haberle robado dos o tres botellas de vino de origen griego y chino, y también responsabilizó a sus ex cuñados.
Explicó que el empresario logró llevar a la cárcel a la mujer con una orden del fuero común; después envió a sus abogados para obligarla a renunciar a la patria potestad de sus dos menores hijos y a cualquier derecho de patrimonio, a cambio de su libertad. Además, imputó falsamente a sus ex suegros de cometer delitos sexuales.
De acuerdo con testimonios de amigos de la familia afectada, abundó del Toro, Cimadevilla se jactaba de haber pagado 20 millones de pesos por el operativo para detener a su ex esposa.
Al respecto, los fiscales de la FGR comentaron que la Unidad Antisecuestro de Seido inició la investigación contra la familia, tomando como base una nota periodística de un enfrentamiento entre militares y el cártel de Jalisco Nueva Generación, cuando la pesquisa ya estaba en manos de la delegación de la fiscalía en la entidad.
Con los oficios de ICE y la ATF, la unidad inventó a un informante de nombre “Juan”, quien supuestamente les advirtió que en diversos domicilios de Zapopan había personas privadas de la libertad y donde también se recogía droga y entregaban maletas con dólares .
Gualberto Ramírez, entonces titular de la mencionada unidad de la Seido, añadió la fiscalía, autorizó que se solicitaran a un juez especializado las órdenes para intervenir las comunicaciones de los números telefónicos de la familia afectada.
Asimismo, expidieron oficios para realizar técnicas de investigación en los domicilios señalados por el informante, pero los datos recabados detallan hechos falsos e “inverosímiles” que sirvieron de pretexto para catear las propiedades, donde sembraron droga a la familia para hacerla pasar como narcotraficantes.
De los domicilios, agentes de Interpol-México se robaron 4 loros cabeza amarilla, cuatro loros agapornis que pertenecían a un aviario, cachorros de la raza bulldogs francés con un valor cada uno de 40 mil pesos, joyas, aparatos electrónicos, vinos originarios de China y Grecia, joyas, dinero, relojes de marca y cámaras de circuito cerrado, por mencionar algunos.
Por estos hechos, se vinculó a proceso a cuatro agentes de Interpol por su probable responsabilidad en delitos contra la administración de la justicia, robo agravado y tortura, a quienes se les ratificó la prisión preventiva justificada. Un quinto elemento recobró su libertad, porque acreditó con constancias médicas que permaneció incapacitado mientras ocurrieron los hechos.
El juez dio un plazo de dos meses a la FGR para realizar su investigación complementaria y prohibió a los medios de comunicación divulgar el nombre de las víctimas por el peligro que corren, además de que tampoco se podrán dar a conocer los nombres de los agentes detenidos en este momento.
OVM