FGR no logra imputar a funcionario del INM por muerte de migrantes tras incendio en Ciudad Juárez

Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, es señalado por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

El incendio en el INM de Ciudad Juárez dejó siete salvadoreños muertos. | Reuters
Rubén Mosso
Ciudad de México /

La Fiscalía General de la República (FGR) no pudo imputar a Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, del Instituto Nacional de Migración (INM), por la muerte de 40 extranjeros en la estación migratoria de Ciudad Juárez, debido a que el funcionario no tuvo acceso a la carpeta de investigación.

José Avelino Orozco Córdoba, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, determinó reprogramar la audiencia inicial para mañana a las 10:00 horas, para que la defensa tenga tiempo de conocer los hechos que busca imputar el Ministerio Público de la Federación a su cliente.

Al dar inicio la audiencia, los fiscales pretendían imputar a Molina Díaz por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, pero el equipo de abogados del director dijo al juez que la FGR no les ha entregado copia de la carpeta de investigación.

Por el momento, el juez impuso a Antonio Molina la medida cautelar de presentación periódica mensual y la prohibición de salir del país.

Audiencia del director del INM


Mañana también está programada la audiencia, donde la FGR buscará imputar a Francisco Garduño Yáñez, director del Instituto Nacional de Migración, por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, derivado de la muerte de 40 extranjeros en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

El pasado lunes la FGR judicializó la carpeta de investigación contra Francisco Garduño y Antonio Molina.

De acuerdo con el Ministerio Público Federal, ambos funcionarios probablemente cometieron conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos contra los migrantes.

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