Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), está muy cerca de ser llevado a un juicio oral, pese haber denunciado al ex presidente Enrique Peña Nieto y a otros políticos por presuntamente recibir sobornos millonarios cuyo origen son de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que podría alcanzar una condena de 39 años de prisión.
Pero el ex servidor público no es el único en esta situación, ya que su madre Gilda Margarita Austin y Solís también fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual pretende obtener una sentencia de 25 años de prisión.
Este es el primer paso que da la FGR para buscar una condena contra los implicados en este caso donde figura el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, actualmente preso; el prófugo ex director de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, y el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, éste último que a fines del presente mes debe presentarse a una audiencia para ser imputado.
Aunque la FGR busca dejar en la cárcel a Emilio Lozoya, todavía está pendiente la celebración de la audiencia intermedia donde se debatirá ante el juez de la causa penal, las pruebas que ofrecerá el ex servidor público y el Ministerio Público Federal. El juzgador determinará cuáles de estos datos de prueba son válidos para una posible apertura del juicio oral.
El escrito de acusación fue presentado por la FGR a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, quien en los próximos días notificará a la defensa de Emilio Lozoya que el Ministerio Público Federal solicitó la apertura del juicio oral.
Hasta el día de hoy, la defensa del ex funcionario no ha logrado conseguir un criterio de oportunidad, pese a que ofreció garantizar con un pago de 5 millones de dólares la reparación del daño causado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Explicaron que la pena solicitada de 39 años de cárcel es porque Emilio Lozoya era el director de Pemex, es decir, tenía un nivel jerárquico, y ejerciendo su poder recibió sobornos de la constructora brasileña, dinero que después se utilizó también para entregar a diputados federales para que aprobaran la reforma energética en el sexenio pasado.
La FGR ha sostenido en las causas penales iniciadas contra diversos implicados en Odebrecht, que el objetivo principal fue beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas a la constructora brasileña en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana.
Para lo anterior, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, habrían recibido sobornos por más de seis millones de dólares.
Valiéndose de Emilio Lozoya, según la FGR, los recursos fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Peña Nieto y Luis Videgaray, mismos que a su vez ordenaron la entrega de dichos recursos a diversos imputados.
El delito de asociación delictuosa amerita una pena de 5 a 10 años; operaciones con recursos de procedencia ilícita de 5 hasta los 15 años de prisión; y cohecho de los 2 a 14 años. La FGR, añadieron funcionarios consultados, busca que se imponga las penas máximas, mismas que sumarían 39 años.
De acuerdo con la investigación de la FGR, la constructora brasileña Odebrecht obtuvo 39 millones de dólares tras el acercamiento que tuvo con Emilio Lozoya Austin, tras ganar contratos para realizar obras en nuestro país.
Los testigos protegidos, Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, y Hilberto Mascarenhas, reconocieron al pago de sobornos a políticos y funcionarios de diversos países, entre ellos, de México.
DMZ