Una juez federal concedió una suspensión definitiva a Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, que frena en estos momentos el cumplimiento de la orden de aprehensión librada en su contra y quien esta mañana fue detenido en el estado norteamericano de Texas.
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Al respecto, funcionarios del gobierno federal revelaron que la Fiscalía General de la República iniciará en breve los trámites para solicitar al gobierno de Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Amezcua.
Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva al quejoso contra la orden girada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
Los delitos que se le imputan son fraude y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pero no están tipificados como graves.
La juzgadora también declinó continuar conociendo el asunto y turnó la demanda de garantías a un Tribunal Unitario.
De acuerdo con la resolución judicial consultada por MILENIO, Ortega Tlapa señaló que estaba impedida para conocer el asunto porque “como lo establece el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente otro Tribunal Unitario del mismo circuito”.
“Consecuentemente, no corresponde a esta autoridad de amparo el conocimiento del acto atribuido a la citada autoridad, pues carece de competencia legal, por cuestión de grado, para conocer de un juicio de derechos fundamentales promovido en contra de un acto de un Tribunal Unitario de Circuito”, detalla su resolución.
A pesar de su decisión, la suspensión definitiva está vigente y ésta puede ser impugnada por la FGR a través de un recurso de revisión.
Antecedentes
El 31 de agosto de 2017, el juzgado 13 de Distrito de Procesos Penales Federales rechazó conceder a la Procuraduría General de la República la orden de aprehensión contra Olvera Amezcua solicitada por la comisión de los delitos contra la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y por operaciones con recursos de procedencia ilícita en dos modalidades distintas.
El Ministerio Público Federal apeló el fallo y el Primer Tribunal Unitario resolvió el 23 de febrero de 2018.
Después, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó el auto de 31 de agosto de 2017 emitido por el juez Décimo Tercero y libró orden de aprehensión por la comisión de los delitos previstos en el artículo 137, fracción III, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en las modalidades de simulación y realización de operaciones a sabiendas que se ocasionara un perjuicio patrimonial a la sociedad financiera popular.
El previsto en la fracción I, del artículo 400 bis, del Código Penal Federal, en la modalidad de adquirir dentro del territorio nacional recursos que representan el producto de un delito.
En acato a la resolución del Colegiado, el Primer Tribunal Unitario ordenó la captura por lo los dos delitos antes mencionados.
VJCM