La diputada local, Karina Labastida Sotelo, denunció la “desaparición administrativa de víctimas de delitos en el Estado de México o bien, la correcta entrega de cadáveres a familiares. Indicó que es necesario remediar el número de forenses de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), ya que actualmente trabajan con 690 elementos para un universo estimado de 6 mil personas sin identificar.
La legisladora recordó el caso de Cristian Marcelino Trinidad, originario del municipio de Toluca, quien estuvo desaparecido 41 días, luego permaneció en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Tlalnepantla poco más de un mes y al final, sus familiares recibieron otro cuerpo. La situación, dijo ser crítica, ya que el número de peritos es insuficiente para atender la demanda de reconocimiento de cadáveres en la entidad. Señaló que las omisiones pudieron estar relacionadas con situaciones de tipo operativo.
Urge banco forense de datos
Este caso puso en duda la operación de la fiscalía mexiquense y exhibió algunas de sus deficiencias. Expresó que el sistema tendrá que ser mejorado, lo que dijo es una oportunidad para el nuevo titular del órgano autónomo.
Sobre ello Labastida Sotelo precisó que es urgente crear una base de datos con información de los cuerpos localizados y con ello abonar al combate de la “desaparición administrativa” de personas, esto cuando están en manos de las propias autoridades ministeriales.
Sostuvo que de acuerdo con información del movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México (MNDM) de las 52 mil personas sin identificar, 6 mil estarían en la entidad mexiquense, cifra equivalente a 11 por ciento del total nacional.
“La crisis en materia de identificación humana es particularmente grave en ciertos estados como Baja California, en donde actualmente hay 9 mil 87; Ciudad de México, con 6 mil 791; Estado de México 5 mil 968; Jalisco 5 mil 738, Chihuahua 3 mil 943; Tamaulipas 3 mil 788 y Nuevo León, 2 mil 77. Juntos concentran 71.73 por ciento del total de cuerpos no identificados en el país”.
Violencia vicaria
Por otra parte, en presencia de colectivos de mujeres que luchan contra la violencia de género, la diputada Viridiana Fuentes indicó que las propuestas recibidas, entre estas las de Cristel Yunuen Pozas Serrano, titular de la Procuraduría de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, contribuirán a definir el concepto de violencia vicaria y a precisar las condiciones para la guarda y custodia o régimen de convivencia con las hijas e hijos. Al respecto, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas planteó que la negación de visitas fuera temporal.
El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas planteó que la negación de visitas fuera por una temporalidad de seis meses tras los cuales, acompañados de un proceso de reeducación y enseñanza, se restituyan los derechos de la persona que cometiera violencia vicaria, mientras que el diputado Gerardo Lamas Pombo se pronunció llamó a legislar también en materia de alienación parental.
KVS