Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana, y quien se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, no tiene papeles migratorios en orden para residir en México, de acuerdo con fuentes allegadas a la investigación.
Así las autoridades tenían el pretexto perfecto para cumplir la solicitud de Rumania, deportándolo a su país de manera inmediata la noche de su aprehensión.
Ante la falta de un tratado de extradición entre México y Rumania, la Fiscalía General de la República buscó diferentes alternativas para poder entregar a Tudor a las autoridades rumanas, las cuales lo buscan por delitos como asesinato, chantaje y formar un grupo delictivo.
El Instituto Nacional de Migración (INM) indagó el estatus migratorio del rumano, de quien se detectó que no cuenta con los permisos de residencia actualizados. En el 2020, en una carta enviada a MILENIO, Tudor aseguró que desde 2012 que reside en México cuenta con sus documentos migratorios en orden.
Sin embargo, al detectar anomalías, el gobierno federal contemplaba enviarlo a su país bajo la deportación inmediata una vez que concluyera la audiencia de su aprehensión el 27 de mayo, pero los abogados del rumano obtuvieron un amparo que frenó las intenciones de las autoridades.
Florian Tudor cuenta con un amparo que impide a las autoridades ejercer cualquier tipo de extradición a su país y el jueves, un juez ordenó no tenerlo incomunicado en el Altiplano y darle atención médica.
Mientras en Rumania lo investigan por asesinato, chantaje y formar un grupo delictivo; en México la Unidad de Investigación Financiera (UIF) presentó ante la FGR denuncias en su contra por lavado de dinero, delincuencia organizada y encabezar una red de clonación de tarjetas bancarias en las zonas turísticas de la Riviera Maya.
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Red de coyotes migratorios
Tudor debía tener sus documentos migratorios en orden, pues de acuerdo a las investigaciones y el mapa de inteligencia de la red de la mafia rumana, que las autoridades mexicanas elaboraron con Florian Tudor como principal líder y al que MILENIO tuvo acceso, se identifican nueve personas como encargadas de ayudarlo a él y a otros presuntos integrantes de la banda en estos trámites.
El primero enlistado es Guillermo Dena Contreras, que aparece en el expediente con una alerta, pues tiene denuncias en su contra presentadas en marzo de 2013 por el INM ante la entones Procuraduría General de la República por falsificación de documentos.
Las autoridades rastrearon que de abril de 2009 a julio de 2019, realizó 32 vuelos internacionales, 28 a Estados Unidos, dos a Canadá y dos a Inglaterra. Utiliza cuatro teléfonos distintos. Y en la red LinkedIn se presenta como “consultor empresarial enfocado en extranjeros, gestión y asesoría en asuntos migratorios y de apertura de empresas a extranjeros que tengan deseo de residir y aperturar su negocio legalmente en México”.
El hermano de Guillermo, Rosendo Gerardo Dena Contreras, también está enlistado como alguien autorizado para realizar trámites ante el INM para 27 empresas y 403 personas de 35 nacionalidades ligadas a Tudor.
Rosendo realizó 26 vuelos internacionales de septiembre de 2012 a julio de 2019: 20 a Estados Unidos, dos a Canadá, dos a Reino Unido y dos a Cuba.
Un tercer colaborador de Tudor para estos trámites es el abogado Saúl Mendoza Rubio, quien registra actividad en Twitter con críticas en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Otras dos personas identificadas como colaboradoras para trámites migratorios de Tudor y otros rumanos, son Silvia Oliver Pérez de quien no se tienen más datos; y Miriam Rodríguez Almanza a quien sólo se le identifica como beneficiaria del programa “60 y más” en pasadas administraciones.
Así como José Gerardo Rivas Obregón y Azul Viridiana Solís Olivier de quienes tampoco se tienen registrados vuelos internacionales o movimientos irregulares.
Además de Catalina María Holguín Holguín y Carla Alicia Gama Quijano, quienes cuentan con una carta poder de Félix José Villalobos Quintero, El mozo, originario de Caracas, Venezuela, y a quien el FBI identifica como integrante de la mafia rumana.
Hasta este momento, estas personas no han sido identificadas por algún delito ni tienen cuentas bancarias bloqueadas por la UIF como parte de la red de ilícitos cometidos por la mafia rumana. Simplemente se les enlista como personal al servicio de los integrantes de la llamada mafia rumana para sus trámites migratorios.
El pasado jueves, fue vinculado a proceso junto a los rumanos Cosmin Adrián Nicolae y Alin Gabriel Stroe por realizar más de cinco mil 500 operaciones irregularidades de hasta 14 mil pesos cada una, con lo que pudo robar hasta 150 millones de pesos a BBVA Bancomer, aunque sólo se acreditó el atraco de 70 millones de pesos.
MILENIO reveló el modus operandi con el que la llamada mafia rumana pudo robar hasta 150 millones de pesos de cajeros automáticos del banco en solo 24 horas en marzo de 2017, uno de los golpes más importantes de la banda que presuntamente lidera Florian Tudor.
DMZ