DOMINGA.– Dos campesinos caminan con machete en mano por la comunidad de Emiliano Zapata. Vienen de cortar la maleza y rastrojos en un sembradío de maíz cercano. Buscan la salida a la carretera hacia Jáltipan de Morelos. El sol cae a plomo sobre sus sombreros de palma este mediodía de febrero. No saben que, a unos metros, en El Cocuital, hay al menos 17 cuerpos enterrados en una fosa clandestina dentro de un pequeño rancho usado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sí, otra vez Veracruz como epicentro nacional de un agujero negro que se traga a la gente. Fosas clandestinas por aquí y por allá. El eslogan de hoy dicta al calce: “Veracruz está de moda”. Pero años atrás, el sacerdote Alejandro Solalinde puso el dedo inquisidor: “Veracruz es un gran fosario”. Su frase continúa vigente.
Los colectivos de familias buscadoras dicen que ahora fue Jáltipan, pero que están pendientes por excavar y exhumar fosas en Almagres, Sayula de Alemán, Cosoleacaque y Playa Vicente. Además de casas de seguridad que la autoridad identifica con el CJNG, que se ha dedicado a extorsionar a empresarios de la zona, e incluso a civiles en colonias populares de ciudades, como Acayucan y Coatzacoalcos.
Todo “reventó” el 30 de enero pasado, a las 15:14 de la tarde. La patrulla 1119 de la Policía Municipal de Jáltipan hacía un recorrido de rutina sobre la calle Ramón Corona –llena de comercios y taquerías– del centro de Jáltipan, cuando recibió una llamada de auxilio de la radioperadora de turno: en el camino de terracería que lleva a El Cocuital se encontraba un hombre descalzo, con lodo en los pies, con el torso desnudo y vestido únicamente con un bóxer de color café.
La patrulla arribó 42 minutos después. Antonio Escobar Torres, de 30 años, estaba visiblemente herido, con huellas de tortura, un vendaje con manchas de sangre en el cuello, producto de varias heridas y las manos atadas con aros aprehensores.
Escobar Torres, en el parte policial, dijo ser técnico electricista y que “sujetos desconocidos” lo dejaron abandonado en el lugar. A las 16:20, Escobar fue trasladado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas en el municipio de Coatzacoalcos; casi una hora después se autorizó su traslado al Hospital General del municipio; pero ya ahí, horas después, dejó de tener signos vitales.
A raíz de la desaparición de Escobar, secuestrado junto con el empresario Jorge Luis Colmenares –reportados por la Comisión Estatal de Búsqueda el 26 de enero–, fuerzas federales y Fiscalía General de la República (FGR) comenzaron la cacería de pistas que los llevó a un rancho de El Cocuital, que tenía dos galerones, una bodega y un extenso jardín cercados con alambre de púas y frondosos árboles.
Con el antecedente del camino de terracería donde apareció la víctima, el Ejército y la Guardia Nacional hicieron las diligencias pertinentes para que forenses y peritos comenzaran a excavar. Esperaban encontrar el cuerpo de Colmenares y a lo mejor un par más de desapariciones recientes ocurridas en Texistepec y Coatzacoalcos. Lo que se encontró fue escabroso: cuerpos y más cuerpos. La mayoría de data reciente, algunos ya con el tejido óseo dañado, además de osamentas desarticuladas. El conteo, por ahora, arrojó la cifra de 17 cuerpos. Pero colectivos temen que la cifra podría ser mayor en la misma zona.
Extorsiones, cobro de piso y secuestros en Veracruz
Es jueves al mediodía. Jaltipan de Morelos es una comunidad indígena con menos de 40 mil habitantes. En esta tierra se vive de la siembra de maíz, papá, frijol y de exportar su mano de obra a zonas fronterizas y a Estados Unidos. Su cabecera municipal es un corredor comercial de taquerías, ferreterías, fonditas y pequeñas agencias de viajes a la frontera y al Caribe: no con afán turístico, sino laboral.
En un paraje rural, oficiales de la patrulla 4394 de la Secretaría de Seguridad Pública resguardan el rancho. Para aguantar los turnos de 24 horas –la mitad de la jornada bajo el inclemente sol–, policías beben energizantes y, sin ninguna tienda en kilómetros a la redonda, almuerzan pollo frito frío. Ya se han retirado elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la FGR y forenses que exhumaron la fosa clandestina.
El viento de la surada ya levantó la cinta amarilla que usan para acordonar, aislar y preservar la escena del crimen. Tras un cordial intercambio de palabras, los policías ceden a dejarnos trabajar. “Nomás no me vayas a fotografiar a mí, cabrón, ni a ninguno de mis compañeros”, advierte el comandante a cargo. “No jefe, ¿cómo cree?”, contesto y río nerviosamente. Mi risa los desconcierta pero que le tomen foto a mi INE y a mis credenciales de prensa me desconcierta todavía más. Un salomónico empate de cesiones entre la policía y la prensa.
Empresarios del sur de Veracruz aceptaron hablar con DOMINGA con la condición del anonimato. Proporcionaron incluso videos de cómo son los ataques de esta célula criminal del CJNG que opera con total impunidad en varios municipios de Veracruz. Aseguran que a este rancho iban a dar empresarios que no cedían a la extorsión o cobro de piso del que eran víctimas, e incluso empleados de empresas cuyos dueños no querían cumplir con el cobro de “piso”.
En Veracruz, cuando se fueron los Zetas en 2011 y llegaron “los Jaliscos” un año después, la mecánica de trabajar de la delincuencia organizada ha sido la misma: extorsiones a empresarios y políticos, cobro de piso a comerciantes en casi todo el estado, según consta en las denuncias reportadas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En esta región conocida como la llave del sureste circulan en voz baja los nombres que siembran terror en la clase empresarial: El Comandante X, El Chaparrito Oseguera (quien presume ser pariente del recién abatido Mencho), El Bulldog, El F9, El 80 (hoy aliado del Cártel de Sinaloa) y La Muñeca, este último detenido el 4 de febrero pasado. En YouTube circula de forma viral el corrido El Comandante X de Los Traviezoz de la Zierra (sic), canción que al calce dice: “Aquí estoy pegado al mar/ Cuatro letras hacen ruido y siguen dando de qué hablar”.
Incluso comerciantes víctimas del cobro de piso en municipios del sur cuentan que los comandos armados que han visto son atípicos en la región: más de 20 hombres fuertemente armados –la mayoría jóvenes y hasta menores de edad– viajan en convoyes de dos o tres camionetas con doble cabina para cometer sus cobros de piso o secuestros. En videos que facilitaron empresarios entrevistados, se ve cómo éstos irrumpieron con armas largas en domicilios particulares y de forma abrupta sacan a sus víctimas con rumbo desconocido. Pocos han vuelto.
De acuerdo con una revisión de la Comisión Estatal de Búsqueda, en 2025 se presentaron cerca de 50 personas desaparecidas, en esta región conocida como la “Llave del Sureste”.
La lucha de Karla Moreno
Karla Moreno es locutora y reportera de medios digitales. El 27 de enero lanzó la alerta en su Facebook de que el papá de sus dos pequeños hijos, Jorge Luis Colmenares Alejandro, y su pareja actual, Antonio Escobar Torres, fueron sacados de madrugada por un comando, del interior de su domicilio en Cosoleacaque, Veracruz.
“Eran como 20 hombres fuertemente armados. No recuerdo lo que gritaban. Iban en una camioneta blanca doble cabina y en una gris”, dijo en las oficinas de la FGR regional, en donde, a través de colegas y medios digitales, pidió todo el apoyo para poder localizarlos.
Vía telefónica, Karla confesó que ya había pedido protección a las autoridades e incluso tuvo que salir del estado. No había podido decirles a sus hijos la cruda realidad: que un par de días después el papá de sus hijos sería hallado en la fosa que utilizaba el CJNG. Prometió platicar con DOMINGA días después; sin embargo, el fuerte shock emocional la hizo cortar comunicación. Al día de hoy, ni la FGR ni el Gobierno han dado una conclusión de qué pasó.
Otro cuerpo identificado ahí fue el de Daniel Valerio Silvano, taxista de 19 años y “levantado” en Cosoleacaque un par de semanas atrás. Los otros 14 cuerpos fueron trasladados al Centro de Genética Forense en Nogales.
A unos cinco kilómetros del rancho que utilizó el CJNG se localizan los vestigios de la extinta Azufrera Panamericana, una empresa paraestatal boyante en la década de los ochenta y que hacía que en esta región del sureste corriera dinero y empleo por todos lados. Hoy Jáltipan sobrevive del comercio, la siembra del maíz y pepino y del llamado turismo obrero.
Una veintena de empresas de transporte turístico se ubican sobre la Carretera Federal Transístmica 185. Día con día, salen autobuses con destinos fronterizos (Piedras Negras, Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo), a territorios industriales, o a las grandes capitales (Monterrey, CdMx, Guadalajara), o al Caribe mexicano para trasladar a desempleados que vienen de municipios del sur veracruzano y hasta de la cuenca del Papaloapan, en Oaxaca, en busca de mejores oportunidades laborales.
Un pueblo tranquilo en zozobra
Gildardo Maldonado Guzmán es el alcalde de Jáltipan de Morelos. Fue policía federal durante 15 años y es comerciante gastronómico. Un par de días antes de tomar protesta como alcalde, su propio rancho fue baleado por sujetos desconocidos. La denuncia sigue su curso. Maldonado dice en entrevista con DOMINGA que es competencia de los tres niveles de gobierno combatir el crimen organizado.
“Tengo experiencia en el tema de la seguridad… Nosotros fuimos el primer respondiente en encontrar al sujeto que lamentablemente después pierde la vida, pero de ahí derivó la investigación del predio. [...] Pero este problema [la delincuencia organizada] viene de muchos años atrás”. El presidente apela a que desde que el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narco en 2006, el problema se extendió como cáncer para todo el país.
Maldonado apela a que Jáltipan aún puede ser visto como un municipio tranquilo: “No hay ningún centro nocturno, ni discoteca, ni bares que estén abiertos toda la noche; lamentablemente donde fue el hallazgo es una brecha, hay muchas brechas que tienen varias entradas y puntos ciegos”.
La seguridad en el Palacio Municipal de Jáltipan es discreta, apenas una patrulla mientras se encuentra el edil al interior. Afuera, la vida comercial transcurre con normalidad. El mercado local luce agitado; camionetas de redilas cargan costales de pepino y bultos de papa. “Llevo aquí cincuenta días en el cargo, [el hallazgo de la fosa clandestina] me toma por sorpresa, jamás me esperé que aquí hubiera una. Ahora tenemos que trabajar muy de la mano los tres niveles de gobierno. Cada quien en su competencia”.
“Que nos dejen entrar”, claman las familias buscadoras
Belem González dirige un colectivo de desaparecidos desde 2015, a raíz del caso de su hijo, Jacob Jiménez González, víctima de desaparición forzada a manos de policías estatales durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
En los últimos once años, sin pretenderlo, Belem González se ha vuelto una “rastreadora” de fosas y casas de seguridad con cuerpos enterrados en Coatzacoalcos, Minatitlán, Almagres, Acayucan y otros puntos de la región. Ella pide que la FGR y el Gobierno de Veracruz les permitan entrar al rancho de Jáltipan para “verificar” que se haga una búsqueda exhaustiva de más cuerpos que pudiera haber ahí.
“No nos toma de sorpresa este hallazgo. Son puntos estratégicos a los que no hemos podido llegar… Nos dicen que ya no pasan desapariciones ni fosas… No pasarán en su casa de quien declara, no pasará en su familia de quienes gobiernan. Pero es algo que ocurre todos los días. Sigue habiendo desapariciones”.
Belem apunta que su colectivo ha insistido en búsquedas en varios puntos de Acayucan, Sayula, Almagres, Jáltipan. “Lo hemos pedido con claridad y legalidad pero hay mucho hermetismo”.
El pasado jueves, González revisó doce casos de desapariciones de larga data. Sin querer ser fría, expone que en esta fosa de Jáltipan al menos los cuerpos fueron encontrados pronto, “gracias a Dios”; muy consciente de que el sufrimiento que tendrán sus familias no será tan largo como el de quienes llevan más de una década buscando a los suyos.
GSC/ATJ