Acompañado de su médico privado y un discreto equipo de seguridad, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, arribó al juzgado para la audiencia en la que podría definirse si es vinculado a proceso.
Garduño está acusado de haber cometido el delito de ejercicio indebido del servicio público en relación al incendio registrado el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras el cual murieron 40 migrantes.
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La defensa del funcionario solicitó el deshago de unos 30 datos y medios de prueba para tratar de desacreditar la acusación contra su cliente.
Unos minutos después de las 11:00 inició la diligencia en el Centro de Justicia Penal Federal, a cargo del juez Víctor Manlio Hernández Calderón, con la presentación de las pruebas que desean presentar los tres abogados que representan a Garduño.
Sin embargo, el Ministerio Público se ha opuesto a la mayoría de estos datos y medios de prueba, por considerarlos impertinentes o no vigentes.
Entre los datos ofrecidos por la defensa están las entrevistas a tres víctimas, contratos de prestación de servicios con la empresa de seguridad privada que daba el servicio en la estación migratoria, con una compañía que proporcionaba alimentos en las estaciones, otra que suministraba extinguidores, kits de limpieza y otra de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles del INM.
En su audiencia pasada, el juez rechazó retirar a Francisco Garduño del cargo como titular del INM, y en cambio impuso, como medida cautelar, la firma periódica ante el órgano jurisdiccional cada 15 días.
Para pedir que fuera suspendido temporalmente del cargo, los representantes de la FGR sostuvieron que, de continuar como comisionado del INM, "se lesionan más los intereses jurídicos de las víctimas". Incluso se refirieron a una posible "obstaculización" de la indagatoria.
Los agentes del Ministerio Público de la Federación subrayaron que no era a su "capricho" la solicitud de estas medidas cautelares sino que estaban contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En tanto, los abogados del comisionado del INM calificaron de "irracional" la petición de la FGR de estas medidas cautelares, al enfatizar que llevaba 40 años como servidor público y, como adulto mayor, "tenía derecho a conservar su trabajo".
OMV