Una madre salvadoreña que logró cruzar la frontera denunció desde Estados Unidos que dos funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) le pidieron “urgentemente” tres mil dólares para “ampararse” y “detener la deportación” de su hija de 12 años, quien permanece en custodia en un albergue al sur de laCiudad de México. Los hechos quedaron documentados en llamadas telefónicas e informes internos de la institución.
Uno de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), Leonardo Antonio Arroyo Sánchez, ya fue separado de su cargo como subdirector de Medidas de Protección y denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, que abrió una investigación.
Pero más de un mes después de la denuncia, su jefe directo y presunto cómplice, Jorge Fernando Salcedo Flores, director de Medidas de Protección, no habría sido incluido en ese procedimiento y se mantiene activo en su despacho.
MILENIO tiene en su poder evidencias que fueron proporcionadas por la madre para sustentar su denuncia, entregadas con copia al OIC y varias oficinas de la PFPNNA.
Eventualmente, circularon entre personal del DIF, que reaccionó con indignación:
“Están utilizando a la institución DIF nacional para cometer actos de extorsión a personas en situación de vulnerabilidad, contraviniendo la naturaleza de esta noble institución”, se afirma en una misiva de carácter anónimo “para resguardar la integridad laboral de quienes nos atrevimos a denunciar”.
En esta carta, dirigida a Nuria Fernández Espresate, titular del organismo, y sellada de recibido el 7 de agosto, se afirma además que la directora general de Representación Jurídica, Dulce María Mejía Cortés, le “ha ocultado” esta información “para proteger a Salcedo Flores”.
“Estamos en este trabajo por la niñez y esto es un escándalo”, dijo una fuente interna que añadió que en ese área prevalece un ambiente de temor a represalias, por lo que solicitó resguardar su identidad.
Localizada por el reportero en Estados Unidos y tras conocer el asunto, la madre migrante dejó de responder a sus llamadas y mensajes.
Leonardo Arroyo
En situaciones en las que el DIF tiene la custodia de un menor sin acompañante adulto, la obligación prioritaria de la PFPNNA es estudiar si es posible conseguir la reunificación familiar, lo que en este caso sería factible porque su familiar directo la ha solicitado y existen acuerdos con Estados Unidos que lo permiten, explicó a MILENIO un experto en protección a la infancia.
En cambio, si esto no fuera posible, las alternativas son institucionalizar al menor (albergarlo hasta que alcance la mayoría de edad) o repatriarlo, lo que podría implicar amenazas significativas contra su vida y su integridad física y emocional.
Según la página web www.cjarroyosanchez.com (consultada el 14 de agosto, fue desactivada días más tarde, aunque permanece en el caché de Google), la Consultoría Jurídica CJ Arroyo Sánchez Abogados, con oficinas en Circuito Historiadores, en Ciudad Satélite, Estado de México, tiene como único abogado –“especialista en juicios orales”– a Leonardo Antonio Arroyo Sánchez, que desde julio de 2016 trabajó en la PFPNNA bajo la autoridad de Jorge Fernando Salcedo Flores.
A las 15:14 horas del 14 de julio, la migrante se comunicó al Departamento de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la PFPNNA, para “relatar que estaba desesperada porque no le resolvían ni le informaban cuándo tendría a su hija, o que si la podrían retornar a su país de origen que es El Salvador” con su abuela materna, se indica en una “constancia de llamada telefónica” de esa misma fecha, que indica: “ASUNTO: Llamada telefónica relacionada con la niña (iniciales)”.
La denunciante dijo que “había hablado con el licenciado Leonardo Arroyo, el cual le pidió tres mil dólares para que le pudiera enviar a su hija a E.U. con ella, que llevarían a cabo lo de un amparo, sin que entendiera lo que le decía, inclusive Arroyo le proporcionó el nombre de un licenciado con el que él trabaja de nombre ‘Benjamín Sánchez’, además Leonardo Arroyo le dio un número de cuenta bancaria a su nombre”.
En un intercambio de emails del 27 de mayo pasado, con referencia 'José Antonio Arroyo Sánchez', se observa escrito: “me permito solicitar informe si será de su interés se lleven a cabo las acciones platicadas”; “adicional a lo anterior, favor de informar cuando cuando (sic) fue la última vez que habló con su hija”; a continuación fueron añadidos los números de cuenta bancaria y de CLABE interbancaria, así como el código SWIFT, de una cuenta de BBVA a nombre de esta misma persona.
El 5 de junio, según muestran capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp, quien escribe desde un número telefónico de Ciudad de México, con terminación en 8137 y acompañado del mismo logo que aparece en la web mencionada, se identifica como el lic. Sánchez y explica que:
“A través del amparo detenemos la deportación y podemos hacer que estudien su caso para ver si hay opción de que sea reunida con usted. Pero sí es importante llevar a cabo las acciones urgentes”.
El 3 de julio, volvió a insistir, asegurando que “colegas en Estados Unidos nos comentaron sobre el caso de su hija, le podríamos ayudar”.
Jorge Salcedo
La madre migrante les explicó que no tenía tres mil dólares y que, si no podían reunificarla con su hija a Estados Unidos, que en El Salvador “la recibiría su abuela sin ningún peligro ni temor”, se asienta en la constancia de llamada telefónica, que tuvo una duración total de 17 minutos.
Pero no sería tan fácil, pues:
“Existe otro licenciado con el que ella habló para que le ayudara, el cual está enterado del dinero que le solicitó Leonardo Arroyo, en virtud de que ella misma se lo dijo, además la mujer le informó que en la segunda llamada que le realizó para informarle que no contaba con esa cantidad de dinero, Salcedo Jorge, ya molesto, le dijo que entonces regresará a su hija al Salvador, pero sin decirle cuándo ni cómo, para que la señora le pueda avisar a su señora madre que esté enterada”.
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En la PFPNNA, aseguran que Arroyo Sánchez fue separado de su posición. El 14 de agosto, el hombre añadió a su perfil de la red social profesional LinkedIn sus servicios de consultoría jurídica.
Salcedo Flores, en cambio, permanece tanto en su cargo como en el Comité de Ética del DIF, del que es miembro titular.
Consultado sobre si existen denuncias o procedimientos contra ambos funcionarios, el titular del Órgano Interno de Control, José Luis Ríos Sigala, reconoció que existe un caso abierto contra uno de ellos pero se excusó de precisar contra quién, así como de hacer comentarios, porque se trata de un proceso abierto: “lo más que puedo decir es que sí está en investigación”.
Jorge Fernando Salcedo Flores no ha actualizado su perfil de LinkedIn, en donde se indica que sigue laborando en la ya inexistente Procuraduría General de la República, a la que ingresó en 2011.
Salcedo Flores entró a la PFPNNA en octubre de 2018 y permanece en activo, según la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal.
Ni Salcedo Flores ni sus superiores, la directora general de Representación Jurídica, Dulce María Mejía Cortés, y el procurador Oliver Castañeda Correa, respondieron a solicitudes de este diario para que dieran su versión o comentarios, repetidas por varios días.
VRM