Un juez federal ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solicite información al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), para conocer si el agregado jurídico en la embajada de EU en México está facultado para iniciar investigaciones y pedir el bloqueo de cuentas bancarias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Juan Fernando Álvarez López, juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, admitió las pruebas del gobernador de la mencionada entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien busca demostrar que la UIF ordenó el congelamiento de sus cuentas de manera ilegal.
En acato a una resolución de un Tribunal Colegiado, el juzgador ordenó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE que comisione y autorice al personal, a fin de que realicen las diligencias correspondientes para enviar oficios al Departamento de Justicia y al FBI.
Las autoridades norteamericanas deberán responder cuál es el procedimiento que deben seguir las autoridades competentes encargadas de una investigación penal (criminal) para tramitar una solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal, en la que se solicite el bloqueo, aseguramiento o congelamiento de cuentas bancarias, con México.
Además, quién es el funcionario competente del Departamento de Justicia y del FBI encargado de autorizar y firmar las solicitudes de asistencia jurídica internacional a nuestro país, de conformidad con el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica mutua.
De igual manera, deben contestar si el agregado jurídico del Departamento de Justicia en la Embajada de EU en México, quien firma como Joseph González, se encuentra facultado para iniciar investigaciones criminales en materia de lavado de dinero.
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El juzgador también pidió que se responda si el comunicado del 4 de mayo de 2021 firmado por Joseph González y presentado ante la UIF, se fundamentó en el Tratado de Cooperación o en algún otro instrumento internacional.
Hace unos días, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó al juez admitir las pruebas del gobernador de Tamaulipas, quien busca recabar la información para su defensa.
El Tribunal Federal indicó que, si dicha documentación sirvió de base para ordenar el bloqueo, el gobernador tiene el derecho de solicitar la información conducente de esas mismas autoridades para su defensa, y como parte de ello, la correspondiente obligación de las autoridades mexicanas para pedir, a través de los mecanismos establecidos, la información.
Los magistrados subrayaron que el gobernador tiene la razón al argumentar que, al ser autoridades extranjeras, no le es posible solicitar el informe de manera directa.
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