Respaldan a juez y magistrados señalados por FGR por negar orden de captura contra García Luna

La orden de aprehensión está relacionada con el presunto delito de enriquecimiento ilícito que se le imputó al ex secretario de Seguridad Pública.

Juzgadores tumbaron una orden de aprehensión contra Genaro García Luna
Rubén Mosso
Ciudad de México /

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que actuará contra los juzgadores que tumbaron una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) del Poder Judicial de la Federación, externó su respaldo a los impartidores de justicia.

Asimismo, reconoció su labor por emitir sus resoluciones dentro del ámbito de su competencia, con independencia y libres de cualquier tipo de presión interna o externa, ya sea de autoridades o de las propias partes.

García Luna, con ingreso injustificado: FGR


La FGR anunció ayer que procederá legalmente contra Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Norte, quien inicialmente negó la orden de captura.

Asimismo, contra los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, quienes confirmaron la resolución dictada en primera instancia.

La JUFED informó que los juzgadores tienen a su disposición la asesoría que establece los estatutos de la asociación para el acompañamiento legal.

Indicó que, en la judicatura federal, al ejercer su función, tienen como premisa la normatividad que deriva de la ley, la convencionalidad y la Constitución Política, siempre en favor de la protección de los derechos humanos de todas las personas.

La orden de aprehensión que fue echada abajo está relacionada con el presunto delito de enriquecimiento ilícito que se le imputó a García Luna, y que según la FGR, descubrió un ingreso injustificado, inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público en el periodo de 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables.


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