Hasta 60 años de prisión: esa es la sentencia máxima que quiere la Fiscalía General de la República (FGR) para el ex director de la Agencia Central de Investigación Tomás Zerón de Lucio, a quien quiere fincar acusaciones de tortura y hasta desaparición forzada; su escondite, sospecha la fiscalía, está en EU, Belice o España.
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Esa y más información forma parte de la ficha roja de Interpol contra un hombre que fue, en su momento, uno de los policías más célebres y condecorados del sistema policiaco mexicano y quien hoy forma parte de una base de datos de prófugos que incluye terroristas, homicidas y narcotraficantes. Para la agencia internacional, Zerón ya tiene expediente, como otros fugados; el suyo: 2020/20462.
“Se acabó la verdad histórica” sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, sentenció el fiscal Alejandro Gertz Manero.
La FGR solicitó 46 órdenes de aprehensión y ayer obtuvo cuatro por parte del Poder Judicial, contra funcionarios municipales de Guerrero, acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada, por el cual jueces federales negaron órdenes de aprehensión en la pasada administración; en esta investigación no figura el ex procurador Jesús Murillo Karam.
El fiscal reveló que los restos óseos encontrados por esta nueva administración en otras localidades de Guerrero fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su identificación.
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Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aseguró que la FGR cuenta con “una serie de elementos nuevos que no habían sido asumidos por administraciones anteriores” y que “toman gran fuerza en este momento para dar con mucha información sobre el paradero” de los estudiantes.
“La FGR ha avanzado ostensiblemente del año pasado a éste, por fin los padres van a tener el derecho a saber lo que sucedió”.
También se refirió a la aprehensión de José Ángel Casarrubias, El Mochomo, líder de Guerrero Unidos, y dijo que se trata de “un participante de gran notoriedad en este caso”, mencionado en dos causas penales como quien dio la orden de matar a los estudiantes y de abandonar sus cuerpos en una fosa clandestina en la zona de Pueblo Viejo, entre los límites de Iguala y Cocula.
Mencionó que todas las diligencias durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales, han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, y con las periciales de ubicación e identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos.
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TORTURA, DESAPARICIÓN FORZADA...
“En octubre de 2014, Tomás Zerón de Lucio, en su carácter en ese entonces de director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en el marco de la investigación relativa a la desaparición 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, presenció y toleró la tortura de detenidos para integrar la citada indagatoria”, establece la ficha, girada en marzo y obtenida por MILENIO.
Junto a una foto de Zerón, la ficha detalla los delitos con los que el fiscal Gertz Manero busca sustentar su caso: violación al artículo 3 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, que establece: “Comete tortura el servidor que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión”. Sanción: de tres a 12 años de prisión.
También, violación al artículo 225 del código penal federal por “alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia”. Sanción: de cuatro a 10 años de prisión.
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Por último, una acusación de la que hasta el momento no se sabía: desaparición forzada, con una pena que va hasta 60 años de prisión, justo la que aparece en la ficha de Interpol como la pena máxima aplicable a los presuntos delitos que se le fincan y en donde se advierte: No prescribe.
“Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable”, se establece en la ficha.