Contradicciones entre reportes oficiales generan dudas sobre el lugar y la hora en que fue hallado el cuerpo mutilado del estudiante normalista Julio César Mondragón, abriendo la posibilidad de que no haya sido encontrado en el sitio de su asesinato, sino en la población de Mexcaltepec del municipio de Taxco, y trasladado a Iguala por algún propósito, señala el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, al cual MILENIO tuvo acceso.
A 8 años de su primera llegada a México y al anunciar el fin de sus trabajos, a consecuencia de bloqueos sistemáticos a sus tareas de investigación, Angela Buitrago y Carlos Beristáin –últimos miembros activos de los cinco de los que constaba originalmente el grupo– presentaron los resultados de una profundización de los análisis de localización de señales de telefonía celular, que permitieron verificar la presencia en los escenarios de ataque no sólo de civiles armados y agentes de las policías de Iguala y de Cocula, sino también de personal de distintas instituciones que habían negado haber tenido conocimiento oportuno de los hechos: la Secretaría de la Defensa Nacional; las policías Federal, Federal Ministerial, Estatal y Estatal Ministerial; las municipales de Huitzuco y Taxco; e incluso de la Policía de Tránsito, que hasta ahora no había sido detectada, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
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Además de que previamente se había confirmado el flujo en tiempo real de reportes directos a Ciudad de México, a través del Centro Regional de Fusión de Información, este análisis mostró que el Centro de Comando, Comunicaciones, Control y Cómputo de Iguala (el C-4), que estaba controlado por personal militar, mantuvo en el periodo de violencia, de las 8 de la noche del 26 de septiembre de 2014 a las 6 de la mañana, una alta intensidad de intercambios telefónicos.
"Llama poderosamente la atención la enorme discrepancia entre las declaraciones de la mayor parte de los inculpados, que apenas refieren comunicaciones con otros actores, de lo que muestra la realidad del análisis técnico", señala el documento. "Por otra parte, muestra cómo diferentes grupos y corporaciones se coordinaron internamente, pero también los contactos entre varias de ellas, como Policía Municipal con Policía Federal, Sedena con Policía Municipal, OBI con mandos del 27º Batallón y jefe de Fuerza de Reacción, o el papel de 'Caminante' (una figura que habría tenido un papel determinante en los hechos, y sobre el que el GIEI apunta que podría ser un policía ministerial) en la comunicación y coordinación entre miembros del aparato del Estado y de Guerreros Unidos".
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¿Movieron el cadáver de Julio César?
La versión oficial indica que el cuerpo sin vida del estudiante Julio César Mondragón –con fuertes signos de tortura– fue encontrado por personal del 41er Batallón de Infantería en la zona industrial de Iguala, a las 08:30 horas del día 27, a partir de una denuncia ciudadana.
Sin embargo, otro documento militar atribuye el hallazgo al 27º Batallón, a las 09:50 horas; y un tercer informe, a las 10:20 horas.
En busca de aclaración, el GIEI solicitó más datos a la Sedena. La Zona Militar 35 (de Chilpancingo, que tiene jurisdicción sobre Iguala, Taxco y los municipios del norte del estado de Guerrero) devolvió un reporte oficial que muestra las macabras fotografías del cuerpo del joven (ya ampliamente conocidas, no se ha investigado quién es el responsable de su difusión inmediata al crimen), y afirma que fue encontrado por soldados del 41er Batallón en Mexcaltepec, una población del municipio de Taxco ubicada 10 kilómetros al norte de Iguala.
Inteligencia oculta, causa del fin del trabajo
El ocultamiento sistemático de información por parte de la Sedena, que denuncia el GIEI en su informe con extensos detalles, es una de las principales razones de que haya decidido el fin de sus trabajos.
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Otra es que también la Secretaría de Marina le ha puesto obstáculos, acusan: "la Marina llevó a cabo numerosas acciones que no han sido conocidas" y que fueron realizadas "por orden de la coordinación del Estado Mayor" naval. Entre ellas, "ocultó durante siete años su participación en la preparación del escenario del basurero de Cocula", tuvo una "intervención ilegal" en el falso hallazgo de una bolsa con supuestos restos óseos de los normalistas en el río San Juan, practicó detenciones y tortura contra sospechosos, realizó "operativos clandestinos que conllevaron detenciones y violaciones de derechos humanos" e incluso hay "información de presuntas ejecuciones de personas detenidas".
Además, algunas de estas actividades estuvieron a cargo de "un grupo especial de inteligencia del que no se ha conocido nada hasta ahora" salvo el nombre con el que aparece en documentos internos, la Unidad de Inteligencia Naval.
Recomendaciones a las autoridades
Finalmente, el GIEI deja una serie de recomendaciones a las autoridades, algunas de las cuales había presentado en informes anteriores, pero no han sido cumplidas. Entre ellas, pide una "investigación exhaustiva, completa, seria", lo que implica "impedir la opacidad" e "implementar mecanismos REALES (sic) que garanticen la vigilancia y rendición de cuentas"; la "unificación de las averiguaciones", pues desde el principio la causa judicial fue fragmentada en numerosas causas, que fueron radicadas en diferentes estados; asegurar que las instituciones entreguen la información, sin que puedan negarse con el pretexto de la "seguridad nacional"; seguir buscando a los desaparecidos; y "garantizar por todos los medios el acceso de las víctimas a la justicia".
OMV/MO