El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, solicitó la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador para no ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido para ser juzgado por diversos delitos, pero como no le respondió, se amparó.
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En un escrito enviado el pasado 2 de mayo, Hernández pidió al titular del Ejecutivo Federal “reconsiderar” su entrega a los norteamericanos, además de que se le modifique la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por una menos lesiva y más justa.
Al momento de la petición, el ex funcionario manifestó que se encontraba privado de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Dr. Antonio Sánchez Galindo, en Tenango del Valle, Estado de México.
MILENIO tuvo acceso al expediente radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde se detalla que Hernández también dirigió un escrito al secretario de Relaciones Exteriores,Marcelo Ebrard Casaubón.
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Al no tener respuesta, el ex gobernador promovió una demanda de garantías reclamando la omisión del Presidente y del secretario.
Sin embargo, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda, rechazó conocer la demanda, ya que estimó carecer de competencia legal, al considerar que los actos reclamados derivan del ejercicio del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional.
Lo anterior generó un conflicto competencial que resolvió el Primer Tribunal Colegiado, quien ordenó al juez conocer el asunto.
“De tal suerte que si los actos reclamados se dan dentro del procedimiento de extradición y con éstos se compromete la libertad personal del quejoso de forma indirecta, que pretendía obtener, al solicitar al Ejecutivo Federal la reconsideración contra la autorización de extradición y la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, corresponde conocer del asunto a un juez de amparo en materia penal”, indica la resolución.
En el amparo, Eugenio Hernández reclamó tres actos vinculados, dos consistentes en la omisión del Presidente de la República y del secretario de Relaciones Exteriores, respectivamente, para responder su petición por la cual, mediante escrito, solicitó ante el primero un nuevo estudio de su procedimiento de extradición, y como consecuencia, reconsiderar su situación que prevalece con motivo de la autorización de extradición de 2 de marzo de 2018, pedida por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas.
Asimismo, en dicho escrito solicitó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que sufría, por una menos lesiva y más justa, y como un tercero reclamó el acuerdo de 26 de junio del actual, por el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE, contesta aquella petición, y negó la reconsideración mencionada así como "otorgar una medida cautelar diversa a la prisión preventiva menos lesiva”, indica la petición.
En julio pasado, un Tribunal Federal de Tamaulipas declaró infundado el recurso de queja que presentó el ex gobernador contra la resolución de un juez federal que rechazó concederle la libertad provisional mientras se resuelve su proceso de extradición.
En 2017, la Procuraduría General de la República cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición contra Hernández. La fiscalía del estado norteamericano acusó al ex gobernador de los ilícitos de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo que promovió Hernández con el cual buscaba enfrentar el proceso de extradición bajo libertad provisional.
RLO