El gobierno de Baja California, a cargo de la morenista Marina del Pilar Ávila, presentó ante la Fiscalía General de la República 20 denuncias penales contra el ex mandatario de la entidad, Jaime Bonilla, por diversos casos de corrupción y el desfalco de las arcas públicas ocurridos durante su gestión de 2019 a 2021.
Derivado de las investigaciones se han iniciado 314 procedimientos de responsabilidad administrativa y puesto en marcha 129 sanciones impuestas, entre las cuales destacan nueve suspensiones y 12 inhabilitaciones
La mandataria detalló que las 20 denuncias contra su predecesor obedecen a cientos de irregularidades detectadas, desde la compra de medicamentos con sobre precio hasta la adquisición de lavamanos y uniformes, sucedidas en la administración estatal transcurrida entre 2019 y 2021.
La secretaria de la Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, y el consejero jurídico de gobierno del estado, Juan José Pon Méndez, informaron que actualmente están siendo investigados funcionarios de la pasada administración, destacando los casos de Alonso Óscar “N”, Carlos “N”, Miguel Ángel “N”, Gerardo Abdiel “N” y Mikel Roberto “N” quienes desempeñaban funciones en el área de la salud.
“Contra ellos pesan por lo menos ocho denuncias por diversas conductas criminales”, señalaron los funcionarios.
En el caso particular de Alonso Óscar “N”, el funcionario estatal, dio cuenta de que está siendo investigado en lo particular por peculado, ejercicio ilícito del servicio público, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, figurando como responsable de ocho adjudicaciones directas que presentaron graves fallas.
Pon Méndez agregó que las investigaciones administrativas continúan, por lo que no se descarta que los organismos encargados de la procuración de justicia den como resultado la responsabilidad de más personas involucradas en actos de corrupción, mismas que serán remitidas además ante el Poder Judicial del Estado.
La gobernadora Ávila destacó que en lucha contra la corrupción y la dignificación del servicio público ha sido fundamental el trabajo que ha realizado la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ya que su titular, Rosina del Villar, se dio a la tarea de definir un plan de trabajo, poner orden jurídico y administrativo, entablar estrategias de defensa, fiscalización y auditoría, así como otras actividades para encauzar, por primera vez en la historia del estado, un auténtico combate a la corrupción en Baja California.
“Cuando asumimos la administración, nos encontramos graves fallas en la operación de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, que no tenía dirección, ni un plan de trabajo, no había una estrategia jurídica ni tampoco un sistema de integración de expedientes. Tampoco se evaluaban los resultados ni se realizaban auditorías.”, dijo.
Agregó que, de la administración de Bonilla, se han ejecutado 42 auditorías a dependencias con 326 observaciones, de las cuales 77 han sido solventadas, 46 han sido aclaradas, 152 no solventadas, 46 turnadas a investigación y cinco en proceso de turnar a investigación. También hay 12 mil 604 expedientes de investigación activos, de los cuales cuatro mil 612 corresponden a asuntos de situación patrimonial.
Se han atendido dos mil 631 asuntos abiertos en atención ciudadana y se han instalado 232 comités de contraloría social, para lo cual se cuenta con un convenio con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México.
VRM