El gobierno de México responsabilizó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en nuestro país por la publicación del informe relacionado con el caso Ayotzinapa, porque sus conclusiones son "prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas".
Asimismo, denunció que dicha oficina no respetó los acuerdos para investigar el tema y desatendió los llamados para colaborar.
Hoy, en Ginebra, Suiza, la misión permanente de México a hizo entrega a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en esa sede, del documento con las observaciones sobre el contenido del Informe titulado "Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa", que fue publicado por la ONU-DH el 15 de marzo de 2018.
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A través de un comunicado conjunto emitido por las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, además de la Procuraduría General de la República, se menciona que la referida publicación no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas Partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, del 22 de febrero de 2017.
Lo anterior, "ya que la decisión de la Oficina de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo señalado, además que desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el Gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto".
En la respuesta de México se ofreció información sobre algunos de los temas contenidos en el referido Informe, en especial sobre las investigaciones llevadas a cabo por la PGR, con relación a presuntos actos de tortura cometidos en contra de algunos de los detenidos en torno al caso Iguala.
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El documento también se entregó al mecanismo de seguimiento del caso Iguala, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Como se destaca en el documento de observaciones, después de haber realizado los dictámenes periciales en el marco del manual de investigación conocido como el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos.
"Asimismo, el documento destaca las acciones llevadas a cabo por la Visitaduría General de la PGR para investigar y fincar responsabilidades administrativas por presuntas irregularidades en algunas diligencias, conforme al marco legal aplicable y en pleno ejercicio de su autonomía técnica", detalla el comunicado.
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En el documento de observaciones, el gobierno mexicano reiteró a la ONU-DH que los referidos asuntos se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su Informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas.
"Ello, con independencia que, de acuerdo con las normas jurídicas nacionales e internacionales aplicables, en específico a la luz de los estándares de la legislación mexicana contra la tortura, la investigación en curso atenderá los principios aplicables, incluido aquel para la exclusión de pruebas en casos en que se compruebe la comisión de actos de tortura", enfatizó.
México reiteró su determinación de agotar todas las líneas de investigación en el caso Iguala y de continuar trabajando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, en interés de arribar a conclusiones en el caso en el presente año, que atiendan la legítima demanda de los familiares y de la sociedad mexicana en su conjunto.