A casi 12 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió el caso del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y niñas, y más de un centenar más resultaron heridos, el 5 de junio de 2009, el hoy presidente del Alto Tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reveló que antes de dicha sesión fue objeto de presiones por proponer actuar legalmente contra funcionarios, locales, estatales y municipales de aquella época.
El ministro aseveró ayer que existió una “operación de Estado” para proteger a la familia de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, así como a funcionarios de primer nivel de ese gobierno.
Lelo de Larrea aseguró que pese a perder la votación en el Pleno de la Corte sobre el asunto, él no carga en la conciencia con la muerte de los niños de la Guardería ABC.
"¿Qué tiene que pasar en este país para señalar a los responsables?”
El 14 de junio de 2010, un año después del incidente, la Corte inició la discusión sobre el tema. El ministro Arturo Zaldívar fue el primero en tomar la palabra y decir que no bastaba con lamentar la tragedia, sino castigar a los responsables.
Mencionó que el incidente representó una enorme injusticia y grave violación a las garantías individuales, porque se pudo evitar, pero existieron omisiones y negligencia por parte de los tres órdenes de gobierno.
Lelo de Larrea señaló al ex director del IMSS y entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a su sucesor en el organismo Daniel Karam y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, como los responsables de estos hechos.
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Y comentó: “Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para señalar a los responsables?”
“Debemos mandar la señal de que no somos una SCJN que se pierde en legalismos, sino que está a la altura y cercana a la sociedad y que no se excede en sus atribuciones”, declaró.
Reconocen violaciones, pero deslindan a ex funcionarios
Después de tres días de debate, el Pleno de la Corte determinó que, en la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, sí existieron violaciones graves a las garantías individuales, pero deslindó a los ex funcionarios de cualquier responsabilidad.
El Pleno sólo señaló a siete ex funcionarios menores de estar involucrados en la violación grave de garantías.
Del municipio de Hermosillo, el ex director de Inspección y Vigilancia, Jesús Davis Osuna, y el ex titular de Protección Civil, Roberto Copado. Del gobierno de Sonora: el ex titular de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste; el ex director de Recaudación, Fausto Salazar, y el ex subdirector de Control Vehicular, Jorge Luis Melchor.
Y del nivel federal: el ex delegado del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, y la ex titular delegacional de Guarderías, Noemí López.
El entonces presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, puntualizó que la resolución de la Corte no culpaba ni exoneraba a nadie, esto ante un auditorio vacío porque los padres de los menores abandonaron la sesión.
El 16 de junio de dicho año, durante más de seis horas de debate, el ministro Arturo Zaldívar defendió su posición. Algunos de sus compañeros, como Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo, apoyaron puntos determinantes del proyecto, aunque en algunas votaciones tuvieron sus reservas.
El ministro Cossío Díaz hizo un reproche al ex gobernador Eduardo Bours, mientras que Olga Sánchez Cordero pidió sacar a Daniel Karam de la lista de involucrados, porque llegó al IMSS después de la tragedia.
Con diez votos a favor y uno en contra, el Pleno concluyó que sí existieron violaciones graves a las garantías individuales. El único votó en contra fue el del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
En otra votación, de seis contra cinco, los ministros expresaron que los particulares no pueden ser responsables de este tipo de violaciones, tema que fue llevado a la mesa de debate por la ministra Sánchez Cordero.
Anomalías en guarderías
La Corte negó que en las mil 480 guarderías subrogadas por el IMSS exista un desorden generalizado, a pesar de que en el dictamen de la Guardería ABC de Hermosillo se detectó que en sólo 14 de éstas se cumplen todos los requisitos que marca la ley para su servicio.
Con seis votos a favor y cinco en contra, la Corte determinó que las anomalías encontradas en algunas estancias infantiles no son vinculantes con la tragedia ocurrida en la estancia infantil.
El ministro Ortiz Mayagoitia defendió el sistema de guarderías del IMSS y puntualizó que no existe prueba de que en algunas de las guarderías haya algo malo ni que los usuarios hayan protestado por estas causas.
Arturo Zaldívar explicó que su proyecto no buscaba denostar al IMSS, porque exclamó que quienes deshonran a las instituciones son los servidores públicos, ya que no cumplen con su misión y ponen en peligro a los menores, por lo que pidió responsabilizar al director del IMSS “y de ahí para abajo”.
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano señaló que las pruebas que recabó la comisión investigadora del caso, sobre auditorías, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y papeleo, no representan prueba de un desorden generalizado y recordó que dicho informe partió de un hecho que denotó la inconformidad social, por lo que esas probanzas no son útiles.
Incluso atacó la metodología que utilizaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes realizaron un muestro de las guarderías subrogadas por el IMSS.
Luis María Aguilar Morales manifestó que, aun reconociendo irregularidades, no se puede afirmar que existe un desorden generalizado. Los ministros llegaron a la conclusión de que sí se violaron los derechos de los niños, de la protección a la vida, a la integridad física y que el derecho a la salud resultó vulnerado.
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