Al cometer faltas administrativas como riñas, quema de basura y música a alto volumen, en la primera semana de la puesta en marcha de los Juzgados Cívicos en León se detuvieron a 858 personas, de esa cifra, 140 fueron canalizados a realizar actividades en apoyo a la comunidad.
Así lo informó el director de Juzgados Cívicos, Miguel Ángel López Pérez, quien precisó que dichas cifras corresponden a partir de que entró en vigor el Reglamento de Justicia Cívica, es decir, desde el 14 de mayo pasado y hasta la mañana del 20 de mayo del año en curso.
Con este nuevo modelo, tanto la parte acusatoria, que normalmente suelen ser agentes municipales, y la parte acusada pueden exponer a palabra hablada lo ocurrido ante el Juez, lo cual también ha funcionado como proceso de aprendizaje para los uniformados.
El director de los Juzgados Cívicos señaló que este nuevo proceso se pueden garantizar que todo se da en completo apego a los derechos humanos, dando a conocer entre los elementos de policías y en los detenidos todo el procedimiento de detención de una manera clara y objetiva.
"La ciudadanía quería ver qué es lo que manifestaba su familiar, amigo o simplemente conocido que había sido detenido por alguna falta administrativa, pero también era importante saber qué era lo que manifestaba el elemento de policía", expresó López Pérez.
Abundó que el objetivo principal es no contar con ciudadanos detrás de las rejas, con la única percepción de que fue multada o castigada, sino generar en él un sentido de responsabilidad social sobre su conducta, "y hacerle ver que eso, genera inseguridad".
López Pérez agregó que la seguridad pública se vuelve costosa para las arcas municipales por atender casos de faltas administrativas en la vía pública, que bien se pueden evitar con una adecuada cultura cívica.
"Más que recaudativo (sic), lo que estamos buscando es una cultura de civismo, de educación para los infractores", precisó.
EL PROCEDIMIENTO
Cuando alguien sea sorprendido cometiendo alguna falta administrativa, se presenta ante el Juez Cívico quien le preguntará lo sucedido. Hará lo mismo con el agente que realizó la detención y después, a su criterio determinará la sanción a cumplir.
Los infractores cuentan con 10 días después de su sentencia para presentarse directamente a la Dirección de Ejecución, adscrita a la Dirección de Prevención del Delito, en donde ya se manejan programas sociales como el de recuperación de espacios públicos, apoyo a personas con adicciones y atención a personas adultas mayores.
"Estamos buscando y a la espera de que se sumen más instituciones y organizaciones civiles, para programar más actividades en donde se pueda liberar el servicio comunitario", dijo el funcionario municipal.
Si el sentenciado vuelve a ser detenido por la comisión de alguna otra falta administrativa, se le negará la posibilidad de cumplimentar su sanción con actividades de servicio comunitario.
"En caso de que no cumpliera con la asignación de actividad en favor de la comunidad, pues entonces sí se podrá sancionar con una multa, lo estaríamos citando nuevamente a una audiencia para ver qué paso", detalló.
Todo lo anterior queda registrado en un expediente electrónico en el que se podrá revisar la cantidad de ocasiones que una persona ha sido detenida o la reincidencia si es que existe.