Será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones de 2027 cuando la Legislatura del Estado de México determine la posesión legal de más de 700 hectáreas que se disputan los municipios de Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo, entre ellas el pueblo de Rancho Blanco, una zona con alto potencial de urbanización y plusvalía.
Durante un recorrido por el área en conflicto, integrantes del Ejido de Espíritu Santo, autoridades municipales de Jilotzingo y el presidente de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales, Román Cortés Trejo, recabaron información sobre las mojoneras que marcan los linderos para incorporarla al expediente del caso.
Ejudatarios y autoridades acuerdan levantar actas informativas
En las inmediaciones del auditorio ejidal, autoridades municipales y ejidatarios de distintas comunidades, junto con el legislador, acordaron identificar y levantar actas informativas sobre la mojonera ubicada en la calle Llano Grande. En el lugar se tomaron las coordenadas correspondientes, que serán integradas al expediente junto con el acta de asamblea.
Los representantes del gobierno de Atizapán de Zaragoza fueron convocados desde la semana pasada para participar en las actividades; sin embargo, no acudieron al recorrido de este martes.
El diputado Román Cortés explicó que la información recabada es de carácter técnico y será valorada por la Comisión de Límites Territoriales como parte del proceso para determinar la pertenencia de los terrenos.
Sustentarán límite con estudios técnicos e históricos
Acompañado por el alcalde de Jilotzingo, Raziel Chavarría, el legislador informó a más de 150 ejidatarios y avecindados de Rancho Blanco y comunidades aledañas que la resolución se sustentará en estudios técnicos e históricos, documentos antiguos y actuales, así como en la inspección física de los terrenos en disputa.
Una vez concluido el análisis, se elaborará el anteproyecto correspondiente y, posteriormente, la iniciativa de decreto, que será sometida a consideración de los integrantes de la Legislatura mexiquense para su análisis y, en su caso, aprobación.
“Será un decreto que determine a quién pertenecen las más de 700 hectáreas que reclama Atizapán de Zaragoza a Jilotzingo”, señaló el diputado, quien indicó que la definición se conocerá durante el próximo periodo legislativo de 2027.
En la reunión previa, realizada la semana pasada, acudieron dos representantes del gobierno de Atizapán de Zaragoza; no obstante, en esta ocasión no participaron en el recorrido por la zona limítrofe que ambos municipios reclaman como propia.
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