Hidalgo cerró el 2021 con 19 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, la misma cantidad de carpetas iniciadas en el 2020, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado.
De las 19 carpetas de investigación iniciadas el año pasado 17 fueron judicializadas, una se fue al archivo por la muerte del imputado y una carpeta más está por judicializarse.
La Procuraduría precisó que en 12 carpetas de investigación los imputados se encuentran vinculados a proceso y 13 personas han sido vinculadas a proceso por feminicidio, en un asunto hay dos personas vinculadas.
Los delitos de feminicidio en el estado durante el 2021 se presentaron en los municipios de: Actopan, Ajacuba, Cuautepec de Hinojosa, Huazalingo, Tasquillo, Tizayuca, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Zempoala, Tepeapulco, Singuilucan así como dos en Tepeji del Río, dos en Alfajayucan y cuatro en Pachuca de Soto.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2021 se iniciaron en la Procuraduría dos carpetas de investigación por el delito de feminicidio, una en febrero, cuatro en marzo, dos en abril, una en mayo, una en junio, en julio no se inició ninguna, una en agosto, tres en el mes de septiembre, una en octubre, dos en noviembre y una en diciembre.
El Informe del Feminicidio en el estado de Hidalgo, elaborado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Género de la Procuraduría señala que en 2013 se iniciaron 11 carpetas de investigación por feminicidio; en 2014 aumentaron a 19; en 2015 fueron 20; en 2016 aumentó a 22; en 2017 se mantuvieron en 22; en 2018 y 2019 bajaron a 20; en 2019; mientras que en 2020 y 2021 se contabilizaron 19.
El Código Penal para el Estado de Hidalgo establece que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer y se le impondrá sanción de 25 a 50 años de prisión y de 300 a 500 días multa.
Se entiende que existen razones de género cuando se esté en presencia de cualquiera de las siguientes circunstancias: la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver o éste sea mutilado; existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, hostigamiento o aprovechamiento sexual, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
Además, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento; habiendo existido entre el activo y la víctima alguna de las siguientes relaciones: sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco o, de hecho; o habiendo existido entre el activo y la víctima una relación laboral o docente que implique subordinación o superioridad.