Pudo ocurrirle a cualquier ciudadano de Guanajuato: la tarde del 20 de junio de 2017 un comando entró a la casa de la familia García, en la colonia Espárragos, municipio de Silao, y seis hombres comenzaron a disparar. En el lugar estaban viendo una película Neyeli González, Ernesto García y su hija de 3 años, Paloma. Una familia.
“A mi esposo no le dieron chance de levantarse, al primero que le dieron fue a él. Abracé a mi hija, la quise proteger. La misma bala que me atravesó a mí, la atravesó a ella. El muy desgraciado me tira a mí, me dio en los dos pies, no me podía levantar a agarrar a mi hija, y todavía va y me la remata en el suelo”, cuenta Neyeli, a unos días de que se cumpla un año del doble homicidio.
La niña murió en el lugar a causa de las tres balas que entraron en su pequeño cuerpo y su padre falleció cuando recibía atención médica en un hospital, a causa de nueve balazos. Nayeli, de 25 años, sobrevivió a las tres balas que le dispararon, pero tiene secuelas de aquella tarde: sus cicatrices son más en el alma que en el cuerpo.
El padre de Paloma trabajaba en una fábrica como técnico en mantenimiento. La mamá de la niña estudiaba repostería. Ni Ernesto ni Neyeli, afirma ella, tenían nada qué ver con la batalla entre cárteles que ha desatado la peor alza de homicidios en Guanajuato de que se tenga registro.
Ya no hay otra entidad en el país donde haya más muertes por homicidio que aquí. Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril se cometieron mil 349 homicidios, tanto dolosos como culposos.
El recuento mensual de MILENIO documentó que en mayo la cifra de homicidios dolosos en Guanajuato fue histórica: hubo 256 ejecuciones, cifra récord para la entidad. En ningún estado se había reportado un número tan alto de asesinatos de este tipo, desde abril de 2012, cuando se perpetraron 246 en Chihuahua.
Casi la mitad de los crímenes reportados por MILENIO el mes pasado se concentró en cuatro de los 46 municipios guanajuatenses: Salamanca (37), Irapuato (34), Celaya (25) y León (25). Juntos, representan 46 por ciento de los asesinatos
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“Fue una equivocación que tuvieron estos desgraciados, porque hasta ellos dicen que estuvieron cuidando la casa, pero porque estaban cuidando a los de arriba, no a nosotros. Iban por unos mentados michoacanos”, recuerda Neyeli sin sollozar, pero como si sus ojos fueran una llave de agua abierta.
“Siento que mi esposo se dejó morir por mi hija, por el dolor que sintió al saber que nuestra niña ya estaba muerta”.
Por las fotos, se ve que Paloma era una niña hermosa, bailadora, alegre y muy sociable. Los vecinos de la colonia Espárragos la habían elegido para que fuera la primera reina infantil del lugar. Hoy, Paloma cumpliría cuatro años de edad. Su madre no ha faltado a una sola audiencia para lograr que sentencien a los culpables de la muerte de su hija. Es la única razón que encuentra para estar viva, pero se siente desesperada porque, a pesar de que se tienen pruebas de la culpabilidad de los detenidos, no se ha podido dictar sentencia. Teme que los dejen libres y por eso pide que la gente “me ayude a que se haga justicia, que el caso de mi hija no se quede así, que por ella me ayuden a sentenciarlos, que me apoyen a que no los dejen salir. Me quitaron mi felicidad, me quitaron todo lo que tenía. Me dicen: “Mira el futuro”. ¿Qué futuro tengo?”, pregunta la mujer sin hija y sin esposo.
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¿Qué pasa en Guanajuato? Hay una guerra no solo por el control de la venta de droga, sino también por el negocio del huachicol.
“La explicación primera es que hace tres años comenzó la disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas con los grupos locales de delincuencia organizada, por acercarse al mercado ilícito, ya muy establecido para grupos locales, como el robo de hidrocarburos. Guanajuato tiene cerca de 600 kilómetros de ductos de Pemex”, explica Juan Miguel Alcántara, ex procurador Guanajuato.
El gobierno estatal responsabiliza al federal del incremento de la inseguridad. Enrique Avilés, vocero de la administración estatal, sostiene que 95 por ciento de los homicidios dolosos están vinculados a este delito. Es un ilícito federal, dice Avilés, “que nos ha lastimado y nos ha marcado con una tendencia a la alza. Hay un incremento significativo en el costo de la gasolina y vemos que este delito queda impune”.
Alcántara, quien estuvo al frente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hace una acusación fuerte: denuncia que el actual gobierno ha manipulado datos de homicidios, para que la cifra pública sea menor a la real.
“El gobierno del estado estuvo ocultando datos. El reporte, como lo estaba justificando el procurador, que lo enviaba al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, decía que a él le permitía emitir un número de carpetas de investigación, no número de víctimas de homicidio. En una carpeta de investigación puede haber tres, cuatro, diez, 20 homicidios”, acusa Alcántara.
El funcionario estatal asegura que no maquillan cifras:
“Aquí no hay nada que ocultar. Guanajuato es un estado que no está acostumbrado a esta violencia, pero no significa que tengas que hacer un maquillaje de cifras.”
Los empresarios ven una falta de coordinación entre autoridades para resolver el problema. Jorge Ramírez, presidente de Coparmex en León, describe así el problema:
“El gobierno del estado le reclama a la Federación que no lo ayuda, le reclama a los diputados que las leyes están mal, o a los jueces que no están haciendo su chamba. Los jueces dicen que no, que la procuraduría es la que no arma bien los expedientes, o bien dicen que las policías están coludidas. Pienso en términos generales que el problema es de todos y el problema debe tener una solución de todos”.
Por lo pronto, junio ha iniciado violentamente, con una veintena de asesinados en cuatro días.