Un juez federal rechazó modificar la medida cautelar solicitada a favor de Brenda Quevedo Cruz para enfrentar su proceso en libertad, mujer que presuntamente participó en el secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
Alfredo Silva Juárez, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México, consideró que, por los antecedentes del caso, existe un elevado riesgo de fuga.
Brenda Quevedo fue capturada en Louisville, Kentucky, con ayuda del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) en 2007, a raíz de una orden de aprehensión que giró un juez federal a petición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), derivado del crimen cometido en 2005.
Al respecto, Isabel Miranda de Wallace informó que la sentencia fue emitida el 12 de noviembre y que Brenda Quevedo continuará enfrentando su proceso por secuestro y delincuencia organizada en prisión.
La activista mencionó que el juzgador valoró que la presunta responsable no cuenta con arraigo en la Ciudad de México y tampoco lo tuvo antes de ser capturada, como lo demuestra el hecho de haber sido detenida en Estados Unidos y su cambio de identidad, en aquel país.
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“Precisamente, para el juzgador, el hecho de haber estado prófuga en los Estados Unidos revela una significativa capacidad de evasión.Muchos han sido los intentos de Brenda Quevedo y sus defensores para librarla de la acción de la justicia, desde criminalizar a sus víctimas, difamar, y torcer la verdad victimizándose por hechos que nunca ocurrieron”, señaló.
Miranda de Wallace aseguró que una vez más queda probado que el caso Wallace es sólido en pruebas, “y seguramente Brenda Quevedo, correrá la suerte de los cuatro primeros sentenciados en este caso, más allá de las sucias estrategias que utilicen los procesados, sentenciados, el Instituto Federal de Defensoría Pública y sus aliados”.
Es de mencionar, que hace unas semanas un secretario en funciones de juez federal rechazó amparar a la activista, quien busca tener acceso a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser denunciada por Brenda Quevedo por tortura.
En noviembre de 2020, Quevedo Cruz presentó una denuncia en la FGR donde aseguró que fue obligada a declararse culpable, tras ser torturada por policías y personal penitenciario en México.
Lo anterior dio origen a la carpeta de investigación FED/FEMDH/UNAI-MEX/0000333/2020, la cual está en manos de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, de la FGR.
En abril, la activista envió un escrito al Ministerio Público Federal para que se le permita tener acceso a la indagatoria, pero se le negó bajo el argumento de que la investigación está en curso y no tiene la calidad de imputada.
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