El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) incluyó este año 37 nuevas variantes lingüísticas para asesorar y representar jurídicamente a indígenas acusados de algún delito.
Se trata de defensores públicos bilingües que no son abogados que aprendieron una lengua indígena, sino ya nacieron hablándola, por lo que tienen la capacidad, no sólo de explicar al acusado qué está pasando en el proceso, también pueden explicarle al juez cuál son los usos y costumbres de esos pueblos.
En total, este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ya cuenta con defensores públicos en 140 variantes lingüísticas para defender penalmente a personas hablantes de lenguas indígenas.
Algunas de las lenguas que se agregaron este 2020 a la lista fueron cucapá, mayo, paipai, tlapaneco, entre otras.
Éstas se suman, por ejemplo, al maya, mixe, mixteco, mazateco, náhuatl, otomí, purépecha, tarahumara, huasteco, huichol, tepehuano, totonaco, triqui, tseltal, yaqui, amuzgo, chatino, chinanteco, ch’ol, chontal, cora, cuicateco, zapoteco, y zoque, con las cuales ya se brindaban servicios.
Dicha variantes lingüísticas se hablan en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Durango, y Puebla.
A partir de 2018, cuando el ministro Arturo Zaldívar llegó a la presidencia del CJF, la lista de lenguas indígenas casi se han cuadriplicado, pues ese año, el Instituto sólo contaba con 39 variantes lingüísticas.
El Instituto Federal Federal de la Defensoría Pública es el órgano del Estado que tiene más abogados hablantes de lengua indígena, incluso por encima del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), y de Pueblos Indígenas (Inpi).
A pesar de esta cantidad sin precedentes de lenguas indígenas en el Instituto, el catálogo del Inali establece más de 364 variantes lingüísticas.
De acuerdo con el segundo Informe anual del ministro Zaldívar al frente del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Inali, en diciembre de 2019 y enero de 2020 se acreditaron las competencias lingüísticas de 57 abogados hablantes de lengua indígena pertenecientes a la Defensoría Pública.
De estos abogados, continúa el documento, se designaron a 11 como futuros evaluadores en las variantes lingüísticas chatino, maya, náhuatl, mixteco, purépecha, triqui, tseltal, tsotsil y yaqui.
El Informe abunda que “para garantizar el acceso a la justicia de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas”, por primera vez el instituto cuenta con siete asesores jurídicos, con sus respectivos oficiales administrativos bilingües.
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, determinó que defensores públicos bilingües del IFDP pueden fungir como intérpretes en lenguas indígenas, cuando no sea posible encontrar un perito oficial a través de otros medios.
JLMR