Indolencia y omisión del Estado en feminicidio

El sexenio de Enrique Peña Nieto llegó a su fin el pasado 1 de diciembre con un saldo de 12 mil 796 mujeres asesinadas en México, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Un amargo panorama que al principio de su sexenio contabilizaba siete mujeres y niñas asesinadas al día, y que al llegar a su fin se incrementó a nueve crímenes por día.

Desde que era gobernador en el Estado de México, a Peña Nieto se le denunció por su inacción y negativa a reconocer la problemática del feminicidio en la entidad, en su mandato 922 mexiquenses fueron asesinadas.

Como titular del Ejecutivo la situación no fue distinta, quedó en manos de las agrupaciones civiles encabezadas por mujeres y las familias de las víctimas evidenciar la extrema violencia que enfrentan mujeres y niñas en el país.

En un balance que hace para Cimacnoticias, la doctora e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para los Derechos de la Mujer (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, al cierre del sexenio de Peña Nieto y a días de que la nueva administración tomó protesta, señala que hay una indiferencia y una omisa actuación del Estado hacia el tema del feminicidio.

En entrevista, la también investigadora de la Universidad de Guadalajara recordó los esfuerzos que han promovido en los pasados seis años las defensoras de los derechos de las mujeres y las víctimas indirectas del feminicidio para obligar a las autoridades a mejorar las investigaciones de estos crímenes y garantizar justicia a las mujeres.

En este recuento recordó que el OCNF llevó el caso de Mariana Lima Buendía (asesinada en el Edomex por su pareja en 2010) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), logrando en 2015 una sentencia histórica, pues al resolverlo, el máximo tribunal delineó los criterios que deben seguir las autoridades para esclarecer las muertes violentas de mujeres y determinar con ello si se trató de un asesinato por razones de género.

Otro logro de la sociedad civil también en el ámbito legislativo, añadió la doctora Ramos Ponce, es que se concluyó la tipificación del delito de feminicidio en las 32 entidades federativas. Paradójicamente el estado de Chihuahua fue el último en incorporarlo, el año pasado, a su Código Penal, a pesar de ser donde se comenzaron a documentar en los años 90 los asesinatos de mujeres, que eran abandonadas en lotes baldíos y otros espacios públicos de Ciudad Juárez.

Durante este sexenio la magnitud de la violencia contra las mujeres llevó a la Secretaría de Gobernación a decretar 18 Alertas de Violencia de Género (AVG). Todas las alertas se emitieron bajo el mando de Peña Nieto, aunque este mecanismo existe desde 2011 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las primeras AVG decretadas fueron en el Estado de México y Morelos en 2015; se sumaron en 2016 Chiapas, Nuevo León y Veracruz; en 2017 Colima, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit y una más en Veracruz (por violaciones de derechos sexuales y reproductivos); este año, la AVG se decretó en Zacatecas, Oaxaca y a solo días de concluir la administración del priista se declaró otra más en Jalisco.

Pese a contar con un marco normativo sólido para atender el feminicidio: protocolos especiales en investigación, la AVG, tipificación del delito, unidades de contexto en fiscalías de justicia, esto no ha conducido a mejores investigaciones, el acceso a la justicia y el freno a los asesinatos de mujeres, concluyó la experta.

De acuerdo con el OCNF, de las más de 12 mil mujeres asesinadas en el gobierno de Peña únicamente 22 por ciento de los casos se investigó como feminicidio. Datos obtenidos de fuentes oficiales de 2012 a 2016 demuestran que en el país se dieron 304 sentencias por feminicidio, pero se desconoce cuántas fueron condenatorias.

Andrés Manuel López Obrador recibe un México donde a diario nueve mujeres son asesinadas, de acuerdo con la última actualización de la Organización de Naciones Unidas, por lo que las agrupaciones civiles exigieron que el tema se integre a la agenda del nuevo gobierno.

Durante la etapa de transición se reunieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se comprometió a trabajar con las organizaciones. Pero AMLO no ha dicho cómo actuará ante la emergencia.