La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se encuentra entre las ocho Fiscalías del país que no es autónoma, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala y Yucatán ejercen sus funciones como un órgano constitucional que no es autónomo hasta el 2022.
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El 22 de julio de 2022 se instaló la Comisión Interinstitucional de Transición para la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo. A un año y dos meses de ello no se ha llevado a cabo la transición de Procuraduría a Fiscalía.
La Constitución Política del Estado de Hidalgo establece que el Poder Legislativo, en coordinación con el Poder Ejecutivo, deberán implementar las medidas presupuestales y administrativas necesarias para la correcta transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia como organismo autónomo.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal, hasta el 2022 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo contaba con un personal adscrito de dos mil 227 personas.
El año pasado la Procuraduría ejerció un presupuesto de 775.6 millones de pesos, se iniciaron 49 mil 444 carpetas de investigación, se determinaron 14 mil 835, se cerraron 14 mil 697 y están pendientes de concluir 182 mil 94.
En 2022 el Ministerio Público le formuló imputación en Hidalgo a 72 personas, dos mil un personas imputadas fueron vinculadas a proceso por un juez, mientras que 254 personas imputadas no fueron vinculadas a proceso por los jueces.
El Censo precisa que el año pasado se tenían pendientes de cumplimentar dos mil 527 órdenes de aprehensión, se giraron mil 498, se concluyeron mil 614, al cierre de 2022 se tenían pendientes de cumplimentarse 698.
Menciona que en el estado en 2022 se abrieron seis mil 629 expedientes en materia penal y justicia para adolescentes por los órganos o unidades administrativas encargadas de los mecanismos alternativos de solución de controversias, de los cuales seis mil 544 expedientes fueron de adultos y 85 de adolescentes.
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