A tres días de que fuera localizado el cuerpo del empresario Iñigo Arenas Saiz en el bar Black Royce, la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), no ha informado sobre el paradero de los posibles responsables.
En un primer momento, el apoderado legal, Francisco Marco Pinzón, informó que lamentaban el hecho y que ofrecerían información y grabaciones a las autoridades para esclarecer el caso, pero las redes sociales y números de contacto han sido desactivados.
Fuentes consultadas refieren que una de las líneas de investigación que tienen fue el presunto uso de gotas en una de las bebidas del empresario, lo que provocaría que se sintiera mal y posteriormente perdiera la vida.
De manera preliminar, se habló que seis trabajadores fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público de Naucalpan para deslindar responsabilidades.
Este medio de comunicación ha solicitado información a la fiscalía mexiquense para conocer la situación legal de los seis detenidos, sin embargo, han sido omisos al respecto.
Por su parte, Carlos González Díaz, presidente del Foro de Abogados Progresistas del Estado de México, informó en entrevista que a partir de cualquier detención que se haga en flagrancia, hay un lapso de hasta 48 horas para presentar a los presuntos responsables.
“Como lo establece nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 constitucional. Es el que refiere que en cualquier detención de una persona en flagrancia que se considere en delito debe de estar puesta a disposición del Ministerio Público e inmediatamente también dice ese propio artículo que el ministerio público tiene 48 horas para vincularlo a proceso o para dejarlo en libertad”.
Explicó que hay supuestos en los que la autoridad puede extender el plazo para la presentación de los presuntos responsables.
“Desgraciadamente, vemos estos casos en los que el ministerio público siempre trata de extender estos plazos y de alguna forma a las familias que desgraciadamente tienen un problema legal ahí, no saben qué hacer”.